El presidente de la Junta Juan Vicente Herrera, que definió esta prestación como «un instrumento de solidaridad y justicia social especialmente imprescindible en la actual situación de exclusión social», explicó que se trata de un «derecho subjetivo» que deberá reconocerse mediante una Ley, cuya aprobación por las Cortes prevé que se produzca en cinco meses. Para ello se comprometió a acelerar al máximo los plazos, tal y como ayer le exigieron desde CC.OO. y UGT, sus responsables, Ángel Hernández y Agustín Prieto, quienes recordaron que la puesta en marcha de este acuerdo estaba recogida en el nuevo Estatuto de Autonomía. Hasta la aprobación de la ley que regule este derecho seguirá en vigor el actual Ingreso Mínimo de Inserción (IMI), que actualmente cuenta con 2.723 beneficiarios, aunque finalmente quedará absorbido por la Renta Garantizada de Ciudadanía en el momento en el que se apruebe la Ley.
Según recoge el documento, esta ayuda podrá ser solicitada por los castellano y leoneses con edades comprendidas entre 25 y 64 años, siempre y cuando «asuman el compromiso de cumplir el programa de inserción que se establezca para superar la situación de necesidad», condición imprescindible, explicó Herrera, porque «no sólo se trata de establecer un derecho, sino obligar a una conducta proactiva». Para acceder a la renta, a la que se refirieron como la «última red de protección respecto a cualquier prestación», los ciudadanos tendrán que estar empadronados en algún municipio de la región. No obstante, se hará una excepción con los emigrantes retornados, las mujeres víctimas de violencia de género y los extranjeros refugiados.
También podrán acogerse a la prestación como excepción los mayores de edad que no alcance los 25 años si tuvieran familiares a su cargo o hubieran vivido de forma independiente, al igual que los emigrantes retornados mayores de 65 años que no puedan acceder a una prestación contributiva. El texto también recoge unos requisitos para los miembros de la unidad familiar beneficiados, entre ellos, que estén en inscritos como demandantes de empleo si estuvieran en edad de trabajar o escolarizados si fuesen menores de edad. La Gerencia de Servicios Sociales será la encargada de la gestión de esta prestación, para lo cual contará con un equipo multidisciplinar que valorará los casos. Además, se establecerá una Comisión de Seguimiento con el fin de valorar los resultados obtenidos.
Para determinar el derecho y la cuantía de la Renta se tendrá en cuenta la situación económica de la unidad familiar (ingresos y patrimonio), excluyendo del cálculo de la misma la vivienda habitual y los bienes que hayan servido para desarrollar la actividad laboral que sostenía la unidad familiar.
Las cuantías
La cuantía básica mensual de la prestación estará cifrada en el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se estima en estos momentos en 421, 79 euros al mes. No obstante para atender mejor las cargas de las unidades familiares se establecen unos complementos a la cuantía básica: del 25%, para el caso del primer miembro (527,24 euros al mes), del 15% por el segundo miembro (590,51) y un complemento del 10% por el tercer miembro y siguientes, lo que se traduce en 632,69 euros. La cuantía máxima de la prestación será el 130% del IPREM, 685,41 euros al mes.
Para poder abordar el gasto social que supone esta medida, los presupuestos generales de la comunidad autónoma han incluido créditos por valor de 27 millones de euros.