Previamente, el presidente de la Comunidad, Juan Vicente Herrera, recibió a sus integrantes con los que departió durante unos minutos para expresar de nuevo su compromiso con los castellanos y leoneses que se vieron obligados a emigrar al extranjero y con sus instituciones.
Este subgrupo forma junto con otro dedicado a la emigración dentro de España -que se reunió el pasado 6 de febrero- el Grupo de Trabajo de Emigración, perteneciente al Consejo de Políticas Demográficas de Castilla y León, que depende de la Consejería de Empleo. Estos órganos sustituyen al antiguo Consejo de la Emigración de Castilla y León, que desapareció para integrarse en el de Políticas Demográficas. Este Consejo aprobó, el pasado 28 de noviembre, la creación del Grupo de Trabajo de Emigración, que ha comenzado a funcionar con las reuniones del 6 y del 20 de febrero.
Este Grupo de Trabajo nace con el objetivo de actuar como cauce de participación de las distintas instituciones y agentes sociales en relación con las políticas de población, de integración de inmigrantes y de emigración. Con este objetivo, el Grupo de Trabajo de Emigración reúne a representantes de distintas entidades, con presencia muchas de ellas fuera de la Comunidad, y cuyo trabajo está estrechamente relacionado con la atención de aquellos castellanos y leoneses que residen fuera de Castilla y León.
El Grupo de Trabajo funciona en dos subgrupos: uno dedicado a los castellanos y leoneses que residen en España y otro dedicado a los que residen fuera de España. Y es que más de 1.050.000 castellanos y leoneses residen en España en otras comunidades autónomas. Especialmente importante es el número en la Comunidad de Madrid -con casi 400.000-, seguido del País Vasco -con casi 173.000- y de Cataluña -cerca de 124.000-.
En ambos subgrupos de emigración, coordinados por la Consejería de la Presidencia, participan los agentes económicos y sociales más representativos de la Comunidad y la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León. Además, en el subgrupo dedicado a la emigración dentro de España participan las federaciones de comunidades castellanas y leonesas en España, así como aquellas entidades asentadas en comunidades autónomas que carecen de Federación y que son la única castellana y leonesa en dicho territorio.
Por su parte en el subgrupo orientado a la ciudadanía castellana y leonesa en el extranjero participa la Asociación de retornados de Castilla y León y representantes de las casas de Castilla y León en aquellos países donde existen: Argentina, Cuba, México, Chile, Guatemala, Uruguay, Colombia y Brasil.
Precisamente, constituir el subgrupo de trabajo sobre los ciudadanos que viven fuera del país fue uno de los objetivos de la reunión que se abrió con la recepción del presidente Herrera, junto con el de desarrollar el trabajo habitual que hace el Ejecutivo autonómico todos los años con los emigrantes y representantes de las casas regionales en el extranjero, como órgano de participación para repasar las líneas de trabajo y los proyectos.
Agenda de la Población
El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, fue el encargado de explicar en rueda de prensa los contenidos del encuentro. Además del objetivo doble ya mencionado, De Santiago-Juárez indicó que el Gobierno perseguía otros cuatro más específicos: revisar las medidas de la Agenda para la Población que afectan a la emigración; iniciar los trabajos del III Plan estratégico de la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior; comenzar la tramitación de un proyecto de decreto que regulará las casas regionales; y revisar los programas dirigidos a los ciudadanos en el exterior.
Respecto a las medidas de la Agenda para la Población que afectan a la emigración, se analizó el cumplimiento de las puestas en marcha y se dio a los asistentes un plazo de un mes con el objeto de que aporten las sugerencias que consideren oportunas para ampliar, modificar, matizar o suprimir cualquiera de las medidas que actualmente forman parte de la Agenda. “Sobre todo, lo más importante, proponer actividades nuevas para facilitar el retorno” de quienes deseen regresar a la Comunidad, explicó el número dos del Ejecutivo autonómico.
Con ello, se pretende, al igual que en el resto de materias afectadas en el Agenda, que los protagonistas de la migración contribuyan a su actualización.
Plan en 2018
El segundo objetivo específico de la reunión fue iniciar los trabajos para la elaboración del III Plan estratégico de la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior, que sustituya al actual cuya vigencia finaliza en 2018.
Y de nuevo se abrió un periodo para sugerencias: “Les hemos dado de plazo hasta el 30 de junio”, señaló De Santiago-Juárez, quien añadió que seguirán la forma de trabajo llevada a cabo con el Plan de Cooperación al Desarrollo por la cual se partirá de cero, con un papel en blanco, para que los interesados hagan sus aportaciones. “Que surja de abajo a arriba”, especificó, con el objetivo de fomentar la participación, sometiendo al conocimiento de todos los avances que se vayan produciendo durante su tramitación, y buscar el consenso total para su aprobación.
El vicepresidente señaló en la reunión que ese nuevo Plan debe adaptarse a la realidad actual y a las necesidades de los que residen fuera de la Comunidad.
Nuevo decreto
Además, anunció la intención de iniciar este mismo trimestre la tramitación de algo que consideró “fundamental”, un proyecto de decreto que regule las Casas de Castilla y León fuera de la Comunidad con la finalidad de actualizar y completar el decreto vigente de 1988. “En aquella época, y mucho antes más, cuando comenzó el fenómeno de agruparse -a comienzos del siglo XX e incluso a finales del XIX- los ciudadanos que habían tenido que emigrar por la situación que atravesaba España o porque voluntariamente así lo decidieron, fue un movimiento de unión en base a la nostalgia y a la ayuda mutua. Esos fueron los inicios de estas casas regionales”, aseguró.
Sin embargo, en palabras del vicepresidente y consejero de la Presidencia, “ahora ellos mismos están reclamando otra cosa”, pues en muchos casos se trata de la tercera generación -tras sus abuelos y/o padres que nacieron en la Comunidad- y piensan que las casas de Castilla y León del siglo XXI deben tener un papel más de agentes de la Comunidad Autónoma. “Aparte de preservar nuestros valores y tradiciones, nuestra cultura, nuestro patrimonio natural, las casas deben ser difusoras de Castilla y León, ayudar a nuestros empresarios cuando acuden a sus países y facilitar su presencia porque quieren iniciar un proyecto exportador o cualquier otro. Las casas deben ser auténticos agentes de la Comunidad de Castilla y León en el exterior, dentro de las capacidades de cada una”.
El objetivo es que esta norma, que se aprobará durante este año, aborde el papel que deben desempeñar ‘las casas de Castilla y León del siglo XXI’ y en la Comunidad. Esto supone detallar cuáles deben ser sus funciones, los requisitos para su reconocimiento y su relación con las instituciones de la Comunidad. Todo ello teniendo en cuenta las motivaciones y las necesidades de esas casas, que son diferentes hoy a las que tenían hace años, y mucho más a las que tuvieron en el momento de su fundación, muchas de ellas centenarias. También hoy en día es muy distinto todo lo que las casas tienen que ofrecer a la Comunidad, cuya contribución a su enriquecimiento económico y cultural es innegable.
La Junta busca que este proceso sea muy participativo y protagonizado, fundamentalmente, por quienes mejor conocen las casas y su realidad actual. Por este motivo ha solicitado que, antes del 30 de marzo, efectúen todas las aportaciones que consideren oportunas para incluir en el primer borrador del texto del decreto.
Programas y ayudas
Por último, el cuarto objetivo específico de la reunión fue revisar los programas de la Junta en materia de emigración, las líneas de ayuda y las subvenciones.
De acuerdo con los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística son 166.167 los castellanos y leoneses que viven fuera de España, destacando por continentes América, con 98.315, ya el 60% de los emigrantes están en Latinoamérica. De ellos, 52.000 residen en Argentina, donde está la colonia más numerosa, cerca de 8.300 en Cuba y más de 7.400 en México. Por otro lado, desde el año 2010 han retornado a Castilla y León 9.000 ciudadanos residentes en el extranjero.
En la reunión, el vicepresidente evaluó las principales actuaciones desarrolladas en el pasado año en materia de emigración castellana y leonesa, que contaron con un presupuesto de más de 600.000 euros, como son las línea de ayudas y subvenciones dirigidas a castellanos y leonesas en situación de necesidad, a las propias comunidades castellanas y leonesas en el exterior, o las orientadas a facilitar el retorno y la integración social o laboral de los recientemente retornados.
La Junta ha destinado 8 millones y medio de euros desde el año 1998 a las subvenciones a las casas regionales en el exterior para su mantenimiento.
Mantener las líneas
José Antonio de Santiago-Juárez detalló las principales líneas de actuación para 2017, año en el que además de mantener las del pasado año, se pretende dar un paso más en lo que se refiere a la colaboración y cercanía entre la Administración y las propias entidades que representan a los castellanos y leoneses en el exterior, a través de distintas vías como es el propio funcionamiento de este órgano, el portal web de la Junta de Castilla y León, las redes sociales y las visitas institucionales.
Los programas ‘Añoranza’ -para mayores de 65 años- y ‘Raíces’ -para menores de hasta 30 años- seguirán contando con el apoyo del Gobierno autonómico con el objeto de que castellanos y leoneses residentes en el exterior, que por diversos motivos no hayan podido visitar Castilla y León, tengan la oportunidad de acercarse por primera vez a los lugares de origen familiar o de volver a ellos tras muchos años de ausencia. Estos programas se desarrollan en colaboración con las entidades locales que quieren -han participado 5 diputaciones provinciales (León, Palencia, Salamanca, Soria y Zamora) y 3 ayuntamientos (Burgos, Salamanca y Zamora) dependiendo de los años-.
Durante este ejercicio se trabajará para tratar de mejorar la coordinación entre todas las entidades que los desarrollan. Desde su puesta en marcha en 1998, estos programas han contado con 700.000 euros para su desarrollo, que han permitido que casi mil emigrantes o sus descendientes hayan podido viajar a la Comunidad.
Los jóvenes en el exterior también protagonizan otra de las líneas de actuación de la Junta, que en 2009 puso en marcha un programa de becas de postgrado para cursar másteres universitarios en universidades públicas de Castilla y León, gestionadas a través de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP). Esta actuación ha beneficiado ya a 81 estudiantes de origen castellano y leonés residentes en América Latina y ha contado con una dotación de 750.000 euros de la Consejería de la Presidencia. “Les gusta mucho ese programa para que sus hijos o sus nietos puedan venir aquí a hacer un postgrado y nos piden que lo ampliemos. Lo vamos a estudiar”, avanzó el vicepresidente.
Necesidad y retorno
En plena crisis económica, el Gobierno autonómico puso en marcha dos programas: las ayudas por razón de necesidad y las ayudas para facilitar el retorno. Desde 2013, las ayudas por razón de necesidad se han destinado a 854 personas (todas a residentes en Cuba por valor de 600 euros al año cada una, menos una para un emigrante en Argentina, por 900 euros anuales, según unos índices que se basan, entre otros coeficientes, en el nivel de vida en cada país) con un importe total de 480.000 euros.
Desde 2014 y también como consecuencia de la dura crisis que atravesaba España, se puso en marcha otra nueva línea de trabajo: ayudas para facilitar el retorno.
Estas subvenciones volverán a ser convocadas a través de dos programas: uno, orientado a facilitar el efectivo retorno de aquellos que a la fecha de la solicitud todavía no hubieran retornado pero tienen intención de hacerlo y la inserción social de aquellos que ya hubieran retornado en el momento de presentar la solicitud; y otro, encaminado a facilitar la integración laboral de aquellos que hubieran retornado recientemente a Castilla y León y estén dados de alta como autónomos, con un tratamiento especial si son menores de 36 años.
En 2016 se potenció esta línea, que no había funcionado hasta entonces por la mala difusión según el titular de la Consejería de la Presidencia, con una cuantía de 138.000 euros y 83 beneficiarios, de los que 67 fueron menores de 36 años: “un dato interesante” para José Antonio de Santiago-Juárez.
Se trata de una ayuda de 1.500 euros más 250 euros adicionales por cada persona a su cargo. “Da igual si ya han vuelto o si quieren volver”, especificó. Y si, además, inician un trabajo como autónomos a esa suma se añaden otros 2.000 euros.
El vicepresidente recordó a los presentes que, desde el año pasado, está en marcha un programa de apoyo a las personas privadas de libertad en cárceles extranjeras en colaboración con la Fundación +34, por si tuvieran conocimiento en sus países de residencia de algún castellano y leonés en esa situación y que pudiera necesitar apoyo de algún tipo. En este momento hay 23 ciudadanos de la Comunidad cumpliendo penas en el extranjero, la mayoría por tráfico de drogas.
Cabe recordar que el secretario general de la Consejería, José Manuel Herrero, viajó el pasado verano en su periodo vacacional a comprobar el funcionamiento de este programa con la Fundación +34 y regresó con una valoración positiva. Recibió la petición de enviar material básico de higiene personal a los presos, que se está cumpliendo puntualmente.