La Fundación España Salud de Venezuela tiene fondos suficientes para continuar funcionando

El presidente ejecutivo, Francisco González, confirma que 1.698 españoles tendrán que buscarse otro seguro médico

El presidente del Comité Ejecutivo, Francisco González.

Eso sí, esta norma dejará fuera de la Fundación a 1.698 españoles que pagaban sus cuotas privadamente ya que para que la entidad mantenga su atención tendría que transformarse en compañía aseguradora.

Esta ley promulgada el 9 de julio de este año prohíbe que la Fundación España Salud continúe prestando el servicio de medicina prepagada a las personas que por su propia voluntad cancelaban cuotas mensuales. Estas eran aproximadamente unos 1.698 españoles residentes en Venezuela que a partir de diciembre tendrán que buscarse una nueva forma de seguro médico.
La FES es una entidad sin fines de lucro cuyas funciones explica así Francisco González Otero: “El sistema de ingreso a la Fundación es a través de la Consejería de Trabajo e Inmigración y para acceder a los servicios de salud gratuitos que prestamos hay una normativa que cumplir. El objeto de la Fundación es la asistencia a españoles que sean pensionistas no contributivos, personas en situación de necesidad, sin que eso sea obstáculo para que, si las condiciones se dan, se abra el ingreso a otros miembros de la sociedad española. En un momento determinado se dio cabida a pequeños grupos como los pensionistas contributivos, los SOVI, cónyuges y quienes quisieran adscribirse pagando directamente pequeñas cuotas mensuales”.
Estas últimas serán precisamente las personas afectadas pues “desde este año hay un cambio en las leyes venezolanas con respecto a la actividad aseguradora, y eso significa que si se recibe pago por la prestación de los servicios de salud tendríamos que trasformarnos en compañía de seguros. Y como Fundación no tenemos ni la estructura económica, ni administrativa, ni gerencial para esa transformación”.
La Fundación España Salud se mantiene con los fondos provenientes del Estado español y de los gobiernos autonómicos de Canarias y Asturias. Para que esos 1.698 españoles residentes en Venezuela no se queden sin seguro médico, una solución posible sería que sus respectivas autonomías contribuyeran al pago de su atención sanitaria.
El presidente de la FES indica: “Frente a la nueva ley, la única opción que queda es que estas personas no paguen más y si no lo hacen, la Fundación no puede asumir su atención, por lo menos no permanentemente. Entonces, vamos a darles un plazo hasta el mes de diciembre de este año. Existe la posibilidad de que cada Gobierno autonómico asuma los costos de estas personas, pues si no, desafortunadamente, van a tener que quedarse afuera”.
Pero el entrevistado insiste en que no se trata de que la Fundación atraviese problemas económicos, por cuanto hay paridad entre los ingresos que aporta España y los gastos, con incluso un superávit. “Lo que sucede es que en este momento la inflación en España es más o menos de un 2%, mientras que en Venezuela es de un 30%, lo que implica que la Fundación tenga una curva de gastos muy alta. Afortunadamente todavía estamos en un nivel de equilibrio, porque el diferencial cambiario entre euros y bolívares que nos permite una cantidad de reservas importantes”.