El Consejo de Gobierno aprobó el miércoles 1 de junio el anteproyecto de Ley de Asturianía y de las comunidades asentadas en el exterior, que sustituirá a la Ley de Reconocimiento de la Asturianía, de 1984, para adaptar la normativa autonómica a las nuevas necesidades de la población emigrante y de las colectividades que viven fuera del Principado. Actualmente, unos 126.000 asturianos residen en otros lugares del mundo.
El ámbito de aplicación de la reforma legal, que consta de 23 artículos, se extenderá a los asturianos en el exterior, a los retornados, a las comunidades con reconocimiento de asturianía (la mayor parte del centenar de centros y casas de Asturias) y a asociaciones que, sin tener ese reconocimiento, promuevan el apoyo a estas personas.
El anteproyecto complementa el estatuto de la ciudadanía española en el exterior y establece el marco jurídico y los instrumentos básicos que garantizan el ejercicio de sus derechos a los asturianos que viven en el extranjero y a los emigrantes retornados.
Entre las principales novedades de la normativa destacan la ampliación del marco legal a la población retornada o el desarrollo de programas de ayuda económica a personas en situación de emergencia, garantizando la atención sanitaria durante sus estancias en Asturias.
Asimismo, se promoverán acuerdos con los centros asturianos en acciones de promoción turística y empresarial y se avanzará en el uso de las nuevas tecnologías para fomentar las relaciones, sobre todo, con los colectivos más jóvenes.
El anteproyecto también recoge la celebración, cada cuatro años, de un Congreso Mundial de Asturianía y la elaboración de un plan integral de emigración, además de la regulación específica de la Escuela de Asturianía como espacio de encuentro y formación.
El diseño de esta reforma ha contado con un importante proceso de participación en el que han colaborado todos los colectivos y asociaciones vinculadas a la emigración.
El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, pedirá en los próximos días una comparecencia en la Junta General del Principado para explicar el anteproyecto a todos los grupos parlamentarios y solicitar su respaldo al texto legal.