En la norma, según el acuerdo aprobado, se deben contemplar las especiales características de este fenómeno social. Además, dicho plan de retorno deberá ser sea debatido y consensuado en el Parlamento de Galicia. La Comisión también señala que la ley contenga pautas informativas en los principales países donde exista población gallega desplazada, a los efectos de ser informada convenientemente. La propuesta fue presentada por el diputado del Partido Popular Miguel Santalices.
Santalices, defendió la necesidad de contar con un marco normativo de rango legal que ordene las ayudas y optimice las acciones en beneficio de los retornados. Santalices destacó que las ayudas y actuaciones existentes hacia los emigrantes que deciden retornar a Galicia se encuentran dispersas entre los distintos departamentos de la Administración y precisarían de una mayor coordinación. En ese sentido, consideró que la Ley permitirá establecer una planificación estratégica y legal que posibilite "estructurar un marco integral y global de actuación en este campo que responda a las necesidades específicas de los emigrantes gallegos que vuelven a Galicia". Asimismo, supondría concretar la base subjetiva de los beneficiarios, "definiendo la condición de retornado y el procedimiento para el acceso a las ayudas y beneficios".
El diputado popular hizo hincapié en la necesidad de "doblar esfuerzos" en la política del retorno, "dentro de un instante en el que se aprecia un aumento de de los emigrantes gallegos y descendientes que manifiestan el deseo de retornar" por la situación de crisis que se está viviendo en muchos países de Iberoamérica, así como por el acceso de un importante número de ellos a la nacionalidad española al amparo de la Ley 52/2007. Asimismo, resaltó que Galicia es, en el contexto nacional, la tercera comunidad con mayor volumen de retorno y la primera en cuanto a proporción de emigrantes retornados respeto al total de su población. Santalices recordó que el Estatuto de Autonomía de Galicia, en su artículo 43, "generaliza el mandato de la galleguidad en su aspecto más actual al retorno, y consagra el derecho de los gallegos a vivir y trabajar en la propia tierra". Sin embargo, apuntó el parlamentario, "no existe un marco jurídico claro que permita globalizar y darle un tratamiento integral a las políticas de retorno de suerte que se puedan garantizar los derechos de los gallegos que quieran retornar".