El Parlament de Cataluña aprueba la nueva Ley de la Comunidad Catalana en el Exterior

Por primera vez la norma reconoce individualmente a los ciudadanos catalanes que viven fuera de la Comunidad como sujetos de derechos y deberes

Intervención de Raül Romeva durante el debate.
Un momento de la votación.

El Parlament de Cataluña aprobó el 31 de mayo la nueva Ley de la Comunidad Catalana en el Exterior con el apoyo de los grupos parlamentarios de Junts pel Sí, CUP, CSQP y PSC. La aprobación de esta ley en el Parlamento es un paso adelante para el reconocimiento de la comunidad catalana en el exterior, una demanda histórica, según ha destacado la Generalitat. Por primera vez la norma legal reconoce individualmente a los ciudadanos catalanes residentes en el exterior como sujetos de derechos y deberes en el ámbito de las competencias del Gobierno catalán.

El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, se mostró convencido que con esta nueva Ley “atendemos mejor las necesidades actuales del conjunto de los catalanes y catalanas que viven fuera de Cataluña y ampliamos también la relación con las comunidades catalanas que siempre han sido un referente de cohesión” y apuntó que “hoy es un día importante para la Cataluña exterior”. El conseller también declaró que “queremos que la Cataluña exterior se sienta todavía más cerca y sobre todo más necesaria para nuestro país”.

Romeva añadió en su intervención en el Parlament que con la Ley de la Comunidad Catalana en el Exterior “desde el consenso con los grupos parlamentarios y con las entidades, ampliamos y mejoramos el cuerpo jurídico propio que regula nuestra acción exterior” y “hacemos patente nuestro compromiso institucional con la Cataluña exterior con nuevas herramientas necesarias para poder asumir nuestras responsabilidades como Gobierno”.

Novedades

Una de las principales novedades de la nueva ley es la mejora del Registro de Catalanes en el Exterior, creado en 2014, y sus funciones. Una tarea que ya ha empezado a hacer el Gobierno con la dotación de servicios en el ámbito de sanidad, cultura y juventud a los catalanes inscritos en el Registro. La Ley expresa la voluntad de convertir el Registro en un instrumento de mayor precisión que permita diseñar las políticas públicas destinadas a este colectivo, afirman desde la Generalitat. De este modo, el Registro es la herramienta que posibilita que las personas que estén inscritas puedan ejercer sus derechos y ser perceptores de servicios y, al mismo tiempo, permite al Gobierno conocer las demandas y necesidades de la comunidad catalana en el exterior. La inscripción en este registro será gratuita y voluntaria.

La norma también contempla impulsar políticas para el uso de la lengua catalana en el exterior con recursos pedagógicos y facilitar la participación de los catalanes al exterior en los servicios de información sociolaboral así como la participación en programas del servicio público de ocupación.

Además, la Ley permite establecer una política integral del hecho emigratorio catalán, con políticas para acompañar y asesorar la movilidad internacional de los catalanes. En su partida, mantener su vínculo con Cataluña y, si se tercia, facilitar su regreso voluntario posterior.

La Ley de la Comunidad Catalana en el Exterior también fomenta la proyección internacional de Cataluña a través de los ciudadanos que viven en el extranjero, en su rol como agentes activos para difundir la realidad política, social, económica y cultural de Cataluña.

Hasta ahora las comunidades catalanas en el exterior estaban reguladas por una Ley de 1996 que definía la relación de la Generalitat sólo con las entidades, pero no con los ciudadanos residentes en el exterior. El texto aprobado el pasado 31 de mayo regula la relación también con los ciudadanos al exterior y los dota de derechos y deberes.

Consejo de la Cataluña Exterior

Finalmente, cabe destacar que esta norma también prevé la creación del Consejo de la Cataluña Exterior como órgano colegiado asesor y de consulta de la Generalitat y de participación externa de los ciudadanos residentes en el exterior y de las comunidades catalanas en el exterior.