En su segunda jornada de visita a Oriente Próximo, el pasado 5 de julio, los ministros de Justicia, Rafael Catalá, y del Interior, Jorge Fernández Díaz, mantuvieron a lo largo del día varios encuentros de alto nivel con miembros del Gobierno de Israel. Esa mañana, la delegación española fue recibida por el presidente israelí, Reuven Rivlin.
El ministro Catalá, acompañado por el director general de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, Javier Herrera, detalló la recientemente aprobada Ley de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes, por la que Rivlin había mostrado gran interés.
Según esta norma los sefardíes que acrediten convenientemente su condición y su especial vinculación con España tendrán un plazo de hasta tres años, prorrogable por otro, para expresar su deseo de adquirir la nacionalidad española, a partir de la entrada en vigor de la Ley.
La acreditación de su especial vinculación exigirá la superación de una prueba de evaluación de conocimientos de lengua, cultura y costumbres españolas, gestionada por el Instituto Cervantes, aunque los menores de edad no estarán obligados a pasar dicha prueba.
“Durante estos años -ha resaltado Catalá- hemos querido que nuestras políticas estuvieran también basadas en los valores y en los sentimientos y ese es el fundamento último de la ley de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes”. “Se trata -continuó el ministro- del reconocimiento de un error histórico que nos lesionó gravemente como nación en tanto en cuanto perdimos a algunos de los mejores hombres y mujeres de la España del siglo XV. La España abierta, diversa y tolerante de 2015 culmina así un largo proceso de reencuentro con aquellos que durante más de 500 años han llevado consigo la lengua, la cultura y la memoria de España como respuesta ejemplar a la intransigencia y el desprecio”.
Catalá aseguró, asimismo, que ahora, recuperando unos vínculos con el pueblo judío que nunca debieron romperse, España es una nación mejor.
Sobre la situación en la región, el ministro de Justicia le transmitió al presidente Rivlin la voluntad de colaboración basada en el diálogo y el acuerdo expresada por el Ejecutivo español y el propio Congreso de los Diputados.