El Govern de Cataluña aprobó el pasado 6 de septiembre el Proyecto de ley de la comunidad catalana en el exterior para regular el marco de las relaciones de la Generalitat, sus instituciones y la sociedad catalana con la Cataluña exterior, entendiéndola como la suma de catalanes residentes en el exterior y las entidades en las cuales estos se organizan, las comunidades catalanas establecidas fuera del territorio de Cataluña.
Se trata de un proyecto de ley imprescindible para dar respuesta a las necesidades surgidas a raíz del nuevo contexto económico y social, en especial el hecho emigratorio catalán, con el cual el Gobierno tiene un fuerte compromiso.
El texto permitirá diseñar nuevas estructuras de relación con las 140 comunidades catalanas en el exterior (CCE) reconocidas actualmente por el Gobierno, a través del Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia. Con esta ley, el Gobierno quiere construir un nuevo marco de relaciones que rija el contacto entre los catalanes en el exterior y las instituciones de su país de origen para garantizar que se sientan acompañados por parte de la Administración catalana en todo momento.
Garantizar derechos y deberes
La nueva Ley de la comunidad catalana en el exterior ampliará el radio de actuación de la ley actual para regular las relaciones de la Generalitat con todo el conjunto de ciudadanos en el exterior. Además, la ley reconoce los catalanes en el exterior como sujetos con derechos y deberes destinatarios de la acción de Gobierno, de las políticas públicas de la Generalitat y fomenta una política integral y coordinada del hecho migratorio catalán, con políticas públicas para acompañar y asesorar la movilidad internacional de la ciudadanía, así como su posible retorno.
En este sentido, el Gobierno reconoce y potenciará el papel clave que tiene el registro de catalanes en el exterior, ya en funcionamiento, como herramienta para garantizar el acceso a las medidas específicas para este colectivo.
Actualización
La nueva ley es una iniciativa que se impulsó en la última legislatura, que el Gobierno retoma para poder diseñar nuevas estructuras de relación y abordar el hecho emigratorio catalán de forma integral y de manera adaptada a las circunstancias sociales y económicas del momento. Además, garantizará el apoyo, asistencia y protección a los catalanes residentes en el extranjero, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, y contribuirá al fortalecimiento de las comunidades catalanas y entidades en el exterior. Además, la ley reconoce el papel que las comunidades catalanas en el exterior tienen en el ámbito de la diplomacia para potenciar las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas con los países donde hay una importante presencia de catalanes.