El Gobierno, tras solicitar informe al Consejo de Estado, decidió en la reunión del Consejo de Ministros del pasado 6 de marzo presentar un recurso de inconstitucionalidad contra algunos preceptos de la Ley de Acción Exterior y de Relaciones con la Unión Europea de Cataluña. El Ejecutivo entiende que dicha norma vulnera el artículo149.1 3º de la Carta Magna, “que reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales”, y el 97, “que dice expresamente que al Gobierno de la Nación corresponde dirigir la política exterior”. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, argumentó que el texto recurrido “busca desarrollar una diplomacia pública de Cataluña”, pero como Cataluña no es un Estado “no es un sujeto de derecho internacional y no tiene capacidad para establecer esas relaciones diplomáticas”.
La competencia estatal comprende la reserva exclusiva de la representación exterior, la celebración de tratados internacionales, la creación de obligaciones internacionales y la responsabilidad patrimonial del Estado, además de la dirección y ejecución de la política exterior.
El Consejo de Estado señala que la acción exterior de las Comunidades Autónomas está limitada a las actividades para el ejercicio de una competencia atribuida estatutariamente, siempre que no incidan en la reserva estatal, ni en la dirección y ejecución de la política exterior.