El Gobierno de España en funciones ha planteado un conflicto positivo de competencias al Gobierno de Cataluña por la creación del Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, ya que vulnera la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales, y solicita la suspensión de la norma. Tras obtener el dictamen favorable del Consejo de Estado, el Ejecutivo promovió la impugnación.