El BNG ha pedido que la Eurocámara mantenga abierto el caso sobre la fiscalidad de las pensiones que perciben los emigrantes retornados de otros países para que puedan comparecer los denunciantes, en este caso la Plataforma de Emigrantes Retornados de la Comarca de Vigo a través del peticionario Alexandre Lago Portela, después de presentar la denuncia en la Eurocámara hace dos años.
La portavoz del grupo nacionalista, Ana Miranda, recuerda que el pasado mes de noviembre el BNG invitó al Parlamento europeo a las plataformas de Vigo, Pontevedra, Barbanza, Costa da Morte, O Salnés, Baixo Miño, de A Coruña, Santiago, Ourense y a una delegación de gallegos en Suiza que solicitaron el año pasado en Bruselas “un trato justo y equitativo con los emigrantes retornados”, así como la retroactividad de la tributación de las pensiones del extranjero, el final de los convenios bilaterales y la aceptación de las pensiones de invalidez e incapacidad.
Miranda se dirigió a la Comisión de Peticiones de la Eurocámara argumentando “un vacío en la legislación europea”. Señala la representante del BNG que no es legal una campaña sancionadora como la del Estado español contra los emigrantes retornados a quienes se les está exigiendo el pago de multas, intereses de demora y la cuantía de las declaraciones por las pensiones que desde 2008 perciben de los diferentes Estados en los que trabajaron. En este sentido, Miranda recalca que el Estado español “es el único Estado europeo donde personas pensionistas que tuvieron que emigrar para vivir son obligadas a pagar injustamente por las jubilaciones que cobran en otros países en los que cotizaron su vida laboral durante sus años en la emigración”.
La portavoz del BNG en Europa afirma que esta situación afecta a 250.000 emigrantes retornados gallegos, que han recibido multas de entre 8.000 y 20.000 euros y que aún hay 11.000 pensionistas pendientes de recibir sanción. Fue el Bloque, reitera Ana Miranda quien presentó esta denuncia ante Parlamento Europeo y ahora insiste en que el Gobierno español “incumple varias directivas europeas” lo que a su juicio, provoca “una discriminación” y “afán recaudatorio” sobre los emigrantes gallegos. “No vamos a dejar que esta denuncia muera en un procedimiento administrativo mientras siga existiendo la discriminación y si existe un vacío legal en la legislación europea, tendrán que cubrirlo con leyes que favorezcan la igualdad de trato entre estados miembros”, afirmó Ana Miranda desde Bruselas.