El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha emitido un comunicado en el que reclama la eliminación de voto rogado para los ciudadanos españoles residentes en el extranjero al considerar que con el nuevo sistema que entró en vigor en 2011 tras la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) se ha cercenado un derecho fundamental de los emigrantes.
Desde CCOO señalan que el sistema del voto rogado implica que los ciudadanos españoles que residen fuera y quieran participar en las elecciones deben pedir a la autoridad electoral que les sea concedido este derecho. Afirma el sindicato en el comunicado que «sólo el 6 por ciento de los españoles que viven en el extranjero, en el mejor de los casos, podrá ejercer el derecho al voto en las elecciones generales del 20D».
El motivo es la reforma de la Loreg -Ley Orgánica del Régimen Electoral General- aprobada por el Parlamento en 2011, con el respaldo de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, a excepción de Izquierda Unida y Coalición Canaria.
Las consecuencias de esa decisión ha sido el hundimiento de la participación electoral de los españoles en el exterior, que ha pasado del 35 por ciento del CERA al 5 por ciento, por término medio, tras la reforma de la Ley Electoral de 2011.
«El motivo alegado para el recorte de un derecho fundamental fue la existencia de fraude en el voto exterior, pero en lugar de incrementar los mecanismos de control sobre los procesos electorales, se prefirió cercenar directamente un derecho fundamental» dice el sindicato.
Añade el comunicado que «los emigrantes españoles creen que el voto rogado es un ‘voto mendigado’ porque los españoles del exterior son tan españoles como los que residen en territorio nacional y, por lo tanto, tienen los mismos derechos constitucionales. Nadie en España se ve obligado a rogar el voto, simplemente lo ejerce».
Desde Comisiones Obreras cargan contra el Gobierno y afirman que «ha desoído reiteradamente las denuncias aparecidas en los medios de comunicación y las demandas de las propias personas emigradas, tanto de sus organizaciones como de sus órganos de participación. De este modo, ha desatendido las resoluciones del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior y ha evitado, hasta sesenta veces en el Parlamento, remover los obstáculos para que el derecho al sufragio sea efectivo para los españoles del exterior».