La falta de acuerdo político y social ha obligado a suspender el proyecto urbanístico nacido para ser el primer plan de reconversión turística de España, pensado para transformar la zona de turismo maduro más emblemática de Mallorca con el objetivo de que fuera un ejemplo para el resto, informó EFE. La idea es fijar un nuevo consenso y redactar un nuevo documento urbanístico.
El proyecto de Playa de Palma, no obstante, no se parará, pues el Consorcio que lo gestiona tiene previsto continuar con el Plan de Acción Integral (que incluye 29 programas y 98 actuaciones) e invertir 127 millones de euros entre éste y el próximo año.
El primer revés se ha venido alimentando desde hace meses, concretamente desde que el pasado verano se presentó el Plan de Reconversión Integral, el documento urbanístico que hoy el Consorcio de la Playa de Palma ha decidido retirar y en el que se plasmaban los cambios más drásticos del proyecto.
La presentación de este documento, conocido por sus siglas PRI, levantó ampollas en varios sectores de la población afectados por las mayores actuaciones de reconversión, para las que se hacían necesarias derribos y expropiaciones de viviendas y establecimientos, y llevaron a las calles a muchos afectados.
A esta contestación social pronto se sumaron algunas formaciones políticas -tanto de la oposición (PP) como del propio pacto de gobierno (Bloc per Mallorca)-, quienes, a pesar de haber firmado el máster plan del proyecto de reforma y la Ley que lo permite, manifestaron abiertamente su oposición a determinadas actuaciones.
Este desacuerdo palpable en un proyecto que se gestó con el objetivo de llevarse a cabo con el mayor consenso posible -para garantizar su continuidad- obligó al Govern a llamar a sus socios y a la oposición, a los vecinos afectados y a la dirección del Consorcio para tratar de poner orden.
De estas conversaciones surgió el compromiso del presidente balear, Francesc Antich, de que no habrá ninguna expropiación o derribo hasta que se termine el proceso de debate del Plan de Reconversión y una comisión de seguimiento político-institucional, en la que han de debatirse y estudiarse todas las decisiones que se tomen en torno a este proyecto.
Precisamente es en el seno de esta comisión donde se abre ahora un proceso nuevo de búsqueda de acuerdo con todos los grupos políticos para redactar un documento urbanístico que satisfaga a todos, o al mayor número posible de los agentes implicados.
Para este proceso no hay plazos. El Consorcio, según ha dicho en rueda de prensa su presidenta y consellera balear de Turismo, Joana Barceló, rebajará así la presión y se concentrará en estudiar las 1.335 alegaciones presentadas al PRI que se acaba de suspender, porque de esas propuestas saldrá el nuevo plan urbanístico.