El acuerdo para buscar la solución se estableció a raíz de la visita oficial a Venezuela del ministro de Asuntos Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos. Éste, junto a las autoridades venezolanas y frente a las familias afectadas, expresó que la expectativa era tener resueltos a fin de año el mayor número de casos.

La Comisión Mixta para la resolución de los casos quedó presidida por el viceministro de Relaciones Exteriores para Europa de Venezuela, Alejandro Fleming, y el embajador de España en Venezuela, Dámaso de Lario Ramírez. Después se estableció un calendario de Mesas Técnicas que se cumplieron desde el mes de agosto a noviembre con la presencia del cónsul general de España en Venezuela, Aníbal Jiménez Abascal.

El miércoles 16 de diciembre, en la sede del Instituto Nacional de Tierras (INTI), para poner cierre a las reuniones no estuvieron presentes ningunas de las máximas autoridades involucradas. Tampoco hubo anuncios relevantes, salvo las palabras de Liyuni Sosa, consultora jurídica del INTI, que manifestó que se había creado entre los afectados españoles la expectativa de que se llegaría a soluciones definitivas en esa fecha, lo cual no correspondía a la realidad.

Efectivamente, los afectados esperaban ese día un declaración de intenciones que garantizase que sus casos serían resueltos, pero en las Mesas no se resolvió ni uno de ellos, se limitaron a recibir recaudos de los afectados, y las únicas indemnizaciones acordadas fueron las que ya se habían previsto y de las cuales nadie ha recibido ni siquiera la información de cuál será su monto.

Años de espera
El conflicto entre los agricultores y agroindustriales españoles con el Estado venezolano se generó en los últimos años a raíz de la promulgación en 2005 de la Ley de Tierras que busca combatir el latifundio y las tierras ociosas, dentro del proyecto revolucionario del Gobierno del presidente Hugo Chávez. Sin embargo, los emigrantes que reclaman la invasión y el despojo de sus propiedades alegan que sus tierras estaban en plena actividad cuando fueron invadidas, perdiéndose toda la producción.

A nueve de esos casos se les dictaminó que serían indemnizados, pero han pasado los años y siguen a la espera. A otros se les reclamaba documentación de propiedad o que litigaran en los tribunales. Pero ninguna acción judicial ni documento legal hacía que se llegara a soluciones. Los mayores afectados han sido ciudadanos canarios por quienes abogó el presidente del Gobierno de Canarias que personalmente visitó en el 2007 a las autoridades venezolanas, al igual que posteriormente diferentes miembros de su Gabinete.

En julio de 2009, la visita del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, abrió un tiempo de esperanza. Delegó al embajador y al cónsul a encargarse diligentemente del seguimiento de cada uno de los casos. En esa oportunidad España Exterior recogió textualmente las palabras del ministro español que expresó que a finales del año deberían obtenerse resultados: “Si dentro de dos meses no funciona el mecanismo no duden en denunciarlo, no duden en criticarlo. No tenemos el menor interés en ocultar si esto va bien o no. Sean transparentes, sean honestos, sean críticos. No tengo ninguna dificultad, pero sí les pido que confíen en su Gobierno que representa a todos los españoles tanto del territorio nacional como del exterior”.

Impotencia y peticiones de que no se acuda a los medios
Después de cada reunión siempre cundía la impotencia, sesión tras sesión, a los que debían ser indemnizados se les decía que esperaran y al resto se les pedía cada vez un documento probatorio adicional. Según declaraciones de los afectados, en las reuniones a puerta cerrada se les pedía que no acudiesen a los medios para denunciar a riesgo de paralizarse el proceso de revisión de sus casos.

Los hermanos Solórzano, herederos del Hato La Vaca, en el estado Guárico, declaran que se vieron despojados de su propiedad después de ser invadida sucesivamente por supuestos militantes chavistas y miembros del Ejército. “A una de nuestras sobrinas la amenazaron hasta de violación, lo que nos obligó a enviarla a las Islas para protegerla, pero aunque nos ofrecieron que el Gobierno de Canarias le facilitaría el retorno y la inserción social, nadie se ocupó allí de su caso. Actualmente consiguió un modesto empleo y con eso sobrevive allí”.

El Ingeniero Juan Hernández, expresa la impotencia general en pocas palabras. “Nuestro caso no se ha resuelto aún, debemos aportar nuevas evidencias sobre la propiedad que datan de 1720, y esperan que ubiquemos estos documentos. Evidentemente no estamos conformes, pero debe mantenerse la presión del Gobierno Español. Perdimos la única propiedad y fuente de ingreso que teníamos, nos quedamos sin nada”.