La sentencia definitiva del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad civil por la catástrofe del Prestige fija indemnizaciones por más de 1.500 millones de euros a repartir entre el Estado español y el francés, la Xunta y otros 269 afectados que deberán abonar el capitán, la compañía aseguradora, la propietaria del barco y un fondo internacional.
