Las declaraciones de los testigos comprometen la situación de los independentistas en juicio

Altos cargos gubernamentales y policiales denuncian actos violentos e inacción de los Mossos

El Tribunal Supremo continúa con el juicio que comenzó el pasado 12 de febrero contra los 12 principales acusados de haber organizado el proceso soberanista en Cataluña, a raíz de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y de la posterior declaración de independencia del 27 de octubre en el Parlament, que se enfrentan a delitos de rebelión o sedición, entre otros. Las declaraciones de los acusados finalizaron con la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que restó importancia a la declaración unilateral de independencia como mero acto político sin consecuencias, y del expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que defendió la desobediencia civil.

Esto dio paso a los testimonios de los testigos que, en gran medida, han comprometido la situación de los líderes soberanistas. Las declaraciones más esperadas eran las del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y varios ministros. Rajoy realizó una encendida defensa de la Constitución y aseguró que nunca negoció nada con los políticos catalanes porque “el futuro de España lo deciden los españoles”, mientras que su número dos señaló que el Gobierno no tuvo más remedio que aplicar el artículo 155 de la Constitución, responsabilizando ambos al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, de los enfrentamientos.

El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, admitió que el Govern catalán pudo sortear el control financiero y el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, defendió la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil como proporcionada.

Sin embargo, las declaraciones más comprometedoras para los acusados fueron las del exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, que culpó a la Generalitat por promover un referéndum ilegal y a los Mossos d’Esquadra porque su inacción obligó a la Polícia y a la Guardia Civil a intervenir en defensa del cumplimiento de la Ley.

Argumentos que respaldaron los máximos responsables de estos cuerpos y el exdelegado del Gobierno, Enric Millo, quienes relataron el acoso, hostigamiento y la escalada de violencia de los secesionistas llegando a cifrar en centenar y medio los actos de violencia del ‘procès’ soberanista. Todas estas voces coincidieron en señalar a Puigdemont como el culpable de la deriva que se enjuicia. Incluso un jefe de la policía autonómica catalana afirmó que el expresident desoyó su aviso de que habría violencia si no suspendía la consulta soberanista.

Además, una secretaria judicial que se vio acorralada en un registro en dependencias de la Generalitat por miles de independentistas que destrozaron coches policiales y le obligaron a salir después de muchas horas por una azotea expresó el miedo que pasó y el acoso que sufre desde entonces, como denunciaron también los responsables de la Policía y la Guardia Civil.

Finalmente, cabe señalar el testimonio de los letrados del Parlament que explicaron de sus advertencias reiteradas de consecuencias penales a Forcadell por tramitar las leyes que permitieron el 1-0 y la declaración de independencia.

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