La Xunta reclama al Gobierno que pague todo el dinero que debe a las comunidades autónomas

Ante el anuncio del Ejecutivo central en funciones de que solo afrontará una parte

El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, durante su comparecencia.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reclamó el pasado 21 de septiembre al Gobierno de España que pague la totalidad del dinero que le debe a las comunidades y no solo una parte. “Pedimos que se libere la totalidad del dinero de forma inmediata, porque ese dinero no es del Gobierno central”, dijo, recordando que a Galicia se le deben 700 millones de euros, una cuantía que necesita para que no haya tensiones en la tesorería.

Después de insistir en que ese dinero no es del Ministerio de Hacienda, “sino que es de la Hacienda gallega y de los servicios públicos gallegos”, el presidente de la Xunta lamentó este tipo de actuaciones por parte del Estado, que demuestran que Galicia tenía razón desde el primer momento y que no existen razones objetivas para explicar el porqué de no pagar todo el dinero que se le debe a las comunidades.

“Al principio cuando empezó a aflorar esta deuda se decía que era un invento de la Xunta. Después, se aceptó la deuda pero se decía que no se podía pagar. Luego, que había un informe de la Abogacía del Estado que, primero, no existía, pero que se hizo posteriormente. Después, se dijo que se resolvería en el mes de diciembre y, ahora, a las pocas horas de conocerse la nueva convocatoria electoral, dicen que van a pagar una parte y a dejar a deber otra”, explicó el responsable del Ejecutivo autonómico a modo de resumen.

Ante esta situación, Feijóo concluyó reclamando nuevamente “respeto” para los gallegos y que se libere la totalidad del dinero sin más demora.

Previamente, el pasado 11 de septiembre, el presidente de la Xunta anunció en el Parlamento que, ese mismo día, remitiría al presidente del Gobierno central en funciones, una propuesta de Real Decreto-ley, validada por los servicios jurídicos de la Administración autonómica, que habilitaría al Ejecutivo de España a ingresar los recursos que debe a las comunidades, con el objetivo de acortar plazos y de que no haya más excusas, según informaba el Gobierno gallego en una nota de prensa.

“Remitiré al presidente del Gobierno una carta pidiéndole, en primer lugar, que reconsidere ese bloqueo descabellado a la sanidad, a los servicios sociales, a la dependencia y a la educación de todas las comunidades autónomas”, sentenció, precisando que se incluirá un informe de los letrados de la Xunta y una propuesta de Real Decreto-ley para que se apruebe en una semana en el Congreso de los Diputados, con el fin de que Galicia pueda recibir “los 700 millones que los gallegos pagamos en los impuestos desde enero”.

El Real Decreto-ley, que entraría en vigor el mismo día de su publicación en el BOE, precisa en su artículo primero la concesión por el Ministerio de Hacienda de anticipos de tesorería a cuenta de la liquidación definitiva de los tributos cedidos, del Fondo de Garantía de servicios públicos fundamentales y del Fondo de suficiencia. Y tendrán la consideración de recursos no financieros de las comunidades autónomas y serán cancelados en el momento en que se practique la liquidación definitiva del sistema de financiación correspondiente al ejercicio respecto del que se concedieron. “Que nos paguen lo que nos deben ya”, sentenció el titular de la Xunta, recordando que esta es una demanda unánime de los presidente autonómicos.

Mientras que el día 16, el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, avanzó que la Xunta recibió una carta de Hacienda en la que se confirma que el Gobierno no va a pagar más de la mitad de la deuda que mantiene con las comunidades autónomas, y que en el caso concreto de Galicia asciende a unos 700 millones de euros, 530 de los cuales están incluidos en los Presupuestos para 2019.

Martínez explicó que el Gobierno central no ha previsto abonar los 200 millones del IVA ni los 170 millones de incentivos por el cumplimiento de los objetivos fiscales. El Gobierno también confirmó su negativa a convocar de manera urgente el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que lleva más de un año sin reunirse.

Y el día 21, se conoció el desbloqueo de 4.500 millones de euros por parte del Ministerio de Hacienda para agilizar las entregas a cuenta con las comunidades autónomas españolas, que la Xunta ve incompleto en lo que le concierne por no afrontar el pago del IVA ni de los incentivos por el cumplimiento de los objetivos fiscales.

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