La Renta Garantizada de Ciudadanía ya no es solo una prestación económica destinada a paliar las necesidades básicas de las personas más vulnerables; en los últimos años, se ha convertido en una herramienta eficaz y fundamental para favorecer de forma significativa la incorporación de las personas más vulnerables al mercado laboral, lo que implica dar una oportunidad para salir de la exclusión.
Esta es una de las principales conclusiones que arroja el análisis de la evolución de esta prestación en estos últimos años, balance que presentó el pasado 15 de enero la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García.
En los últimos cuatro años se ha registrado un incremento constante del número de perceptores que sale de la Renta Garantizada de Ciudadanía al encontrar un empleo gracias a los distintos programas de inserción que se desarrollan para ellos por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, como los itinerarios personalizados de empleo o los programas de inserción que se desarrollan con el tercer sector. Tan solo el pasado año una de cada tres personas perceptoras de Renta encontraron un empleo, cerca de 3.400.
Se trata de una prestación que durante la actual legislatura se ha reforzado de forma importante con un conjunto de mejoras recogidas en un Decreto-Ley en 2016 que flexibilizaron los requisitos y mejoraron el procedimiento de concesión, con la Ley de la Red de Protección en 2018 y con el Decreto Legislativo aprobado la segunda semana de enero de 2019, que recoge en una sola norma todas las normativas vigentes.
Un 40% menos de solicitudes
En los últimos cuatro años se aprecia un constante descenso en el número de solicitudes presentadas -un 40% menos en 2018 que en 2015- y en el número de personas titulares de Renta -un 10,6 % menos en este mismo periodo-.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha destinado en esta legislatura 300 millones de euros a esta prestación. En 2018, a pesar de que se habían presupuestado 79 millones, fue el primer año en el que el presupuesto bajó debido a los descensos anteriormente señalados y finalmente se ejecutaron casi 72 millones de euros.
Entre las mejoras realizadas esta legislatura en la Renta Garantizada de Ciudadanía, las más destacadas han sido la ampliación de los supuestos de compatibilidad con otras prestaciones; la flexibilización de los requisitos de acceso; la mejora del procedimiento de concesión con el reconocimiento al derecho desde el mes siguiente a la solicitud y la reducción a un mes de la suspensión en caso de determinados supuestos de incumplimiento por parte del perceptor; la mejorado de la inserción laboral de los beneficiarios, facilitando que vuelvan a percibirla de forma automática si les finaliza el empleo y facilitando que, en caso de refugiados y asilados, pueda ser percibida a través de terceras personas.
Como referencia, desde que se puso en marcha esta prestación en 2011, han sido cerca de 79.000 los ciudadanos que se han beneficiado de ella, que corresponden a 33.116 titulares, y el gasto total destinado a la misma por parte de la Junta ha sido de 470,1 millones de euros.
Perfil de los titulares
En lo referente al perfil de los titulares, destaca que el 28,3% tienen entre 36 y 45 años; el 62,4% vive en el medio urbano, el 58% son mujeres y el 57,3% son titulares con cargas familiares. El 88,5% de los titulares son españoles y el 11,5% extranjeros, principalmente de países como Marruecos, Bulgaria, Rumanía o Colombia.
Los datos en Castilla y León indican que en 2017 se redujo la tasa de riesgo de pobreza 2,3 puntos hasta el 15,4%, lo que supone estar 6,2 puntos por debajo de la media nacional; que Castilla y León es la tercera comunidad con menor tasa de hogares con carencia material severa y la segunda con menor tasa de niños en hogares con privación material severa, a lo que se suma la reducción en la tasa de población que vive en un hogar con baja intensidad en el trabajo, reduciéndose en cinco puntos pasando del 14,2% al 9,2%
Respecto de la cuantía máxima, Castilla y León estaba en un informe de 2016 por encima de la media nacional con 692,26 euros (que han subido ya a los 699,19 euros en 2018 debido a las últimas mejoras reseñadas anteriormente) frente a los 658,38 euros de media en España. Al mismo tiempo, Castilla y León es la tercera comunidad en gasto anual por titular con 4.844,63 euros, muy por encima de la media nacional, con 3.571,45 euros. Castilla y León destina 1.273 euros más que la media nacional por titular al año, un 36% más. Incluso teniendo en cuenta País Vasco y Navarra, Castilla y León es la quinta comunidad en gasto anual por titular, con 4.844,63 euros, muy por encima de la media nacional de 3.835,15 euros. Castilla y León es la quinta comunidad en la que más personas dejan la Renta por incorporarse al mercado laboral y la tasa de cobertura en Castilla y León de los insertados laborales respecto de los beneficiarios es del 8,20%, frente al 4,39% nacional.
