El pasado 8 de febrero, el Gobierno suspendió el diálogo con la Generalitat de Cataluña porque los partidos independentistas piden un referéndum de autodeterminación que “no es aceptable”, según aseguró la vicepresidenta Carmen Calvo, quien en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros llamó a la responsabilidad de estas formaciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.
Calvo, no obstante, no dio por roto el diálogo en Cataluña a pesar de que los soberanistas rechazaron el marco que propone el Ejecutivo, que contempla diseñar antes de finalizar febrero una mesa de partidos con dos representantes por cada formación política, con capacidad de decisión en los ámbitos estatal y catalán y coordinados por un relator que ayude a “crear las condiciones idóneas” para el diálogo. La vicepresidenta, sin embargo, aseguró que el Gobierno “nunca” aceptará un referéndum de autodeterminación ni nada que rompa el marco constitucional.
Por su parte, la Generalitat acusó al Gobierno de “romper” el diálogo por “falta de coraje”. Días antes el president Joaquim Torra había hecho público el documento con sus 21 reclamaciones que entregó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre las que incluyó la exigencia de un referéndum de autodeterminación y abolir la monarquía. Además, como medidas de presión, los partidos soberanistas ERC y PDeCAT registraron sendas enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado, que se votan el 13 de febrero y podrían suponer el fin de la legislatura, pues el Gobierno decidirá si convoca elecciones con el resultado de esa iniciativa parlamentaria.
Y todo ello, con el inicio del juicio a los dirigentes independentistas el 12 de febrero, de fondo, acusados de delitos de rebelión.
A raíz de las propuestas del Gobierno, especialmente de la figura de un mediador o ‘relator’ como lo denominó, el PP y Ciudadanos convocaron una concentración de protesta el día 10 en la plaza de Colón en Madrid, a la que se unió Vox, por lo que consideran cesiones a los independentistas y para reclamar elecciones generales ya. La Subdelegación del Gobierno cifró la asistencia al acto en 40.000 personas, solo en la plaza, que los organizadores elevaron a 200.000.
