La investidura de Pedro Sánchez, pendiente de los pactos autonómicos y municipales

La exministra socialista de Política Territorial, Meritxell Batet, resultó elegida presidenta del Congreso

Meritxell Batet recide el aplauso de sus compañeros tras ser elegida presidenta del Congreso.

La diputada del PSOE y hasta ahora ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, fue proclamada presidenta del Congreso de los Diputados el pasado 21 de mayo en la Sesión Constititutiva de la XIII Legislatura, en la que la nueva Cámara surgida de las elecciones generales del 28 de abril eligió al resto de los miembros de la Mesa y los electos adquirieron la plena condición de diputados al acatar la Constitución. Batet fue elegida con el apoyo de 175 diputados (de PSOE, Unidas Podemos, PNV, CC, el PRC y Compromís) en segunda vuelta, al no obtener la mayoría absoluta en la primera votación.

La Sesión Constitutiva del Congreso tuvo como protagonistas además a los políticos catalanes en prisión preventiva, por el juicio abierto en el Tribunal Supremo por la consulta independentista del 1 de octubre de 2017 y el posterior intento de declaración de independencia, que acudieron tras su elección como diputados.

Oriol Junqueras (ERC) y Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull (JxCat) acapararon los focos por su presencia y por sus acatamientos de la Constitución ‘sui generis’ -PP, Ciudadanos y Vox deslizaron incluso que podrían ser ilegales por sus referencias a una supuesta condición de ‘presos políticos’, a la república y la independencia de Cataluña- que realizaron. Igual ocurrió en el Senado con Raül Romeva (ERC), también en prisión preventiva por lo mismo.

Además, fue muy comentado el saludo de Oriol Junqueras al presidente del Gobierno en funciones y ganador de las generales, Pedro Sánchez, a quien le espetó “tenemos que hablar”, respondiendo el líder socialista “sin problemas”.

El próximo paso que se dará es el de las consultas del Rey Felipe VI con los partidos políticos antes de su propuesta de candidato a presidente del Gobierno de cara al debate de investidura. El aspirante a la reelección, Pedro Sánchez, se vio reforzado en su liderazgo nacional con las nuevas victorias en los comicios europeos, municipales y autonómicos. Sin embargo, la necesidad de apoyos para lograr la investidura unida a los resultados enrevesados de estos comicios hacen que desde la sede nacional del PSOE se vigilen con extremo cuidado los posibles pactos para formar gobierno en los ayuntamientos y las comunidades.

Sánchez cuenta con el respaldo de Unidas Podemos -aunque les separa el interés de los de Pablo Iglesias por acceder al Ejecutivo con algún ministerio pese a las discrepancias internas sobre esto y sobre los malos resultados electorales, con críticas al líder-, pero debe negociar el del Partido Nacionalista Vasco y el de Coalición Canaria, como mínimo. O intentar el acuerdo con Ciudadanos, que dejó de lado su veto al PSOE para los pactos territoriales. Incluso el Gobierno amenazó con una repetición de elecciones si no consiguen los apoyos necesarios para presionar a las formaciones implicadas.

Los casos de Navarra y Canarias pueden resultar decisivos para obtener el respado del PNV y CC, además del Ayuntamiento de Barcelona, ante la postura de Podemos o ERC. Aunque también Ciudadanos espera el movimiento de los socialistas en Navarra y viceversa con las decisiones sobre Aragón y Castilla y León, entre otras. Mientras, Vox exige a PP y Ciudadanos que se sienten a negociar con ellos y no descartan entrar a formar parte de algún gobierno, hechos ambos que le enfrentan con los de Albert Rivera.

Suspendidos como diputados los presos

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, informó el pasado 24 de mayo de la suspensión de sus funciones como diputados de los políticos catalanes en prisión preventiva ante el juicio por el referéndum ilegal del 1-O y el posterior intento de declaración de independencia. En concreto Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turrull y Josep Rull, así como posteriormente ocurrió con el senador Raül Romeva. La Mesa del Congreso lo aprobó con la posición favorable del PSOE, PP y Ciudadanos y en contra de Unidas Podemos, tras retrasar Batet la decisión desde el día 21 pidiendo informes al Tribunal Supremo y a los letrados de la Cámara, quienes avalaron el procedimiento de suspensión de los parlamentarios siguiendo el artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal.

Por otro lado, el juicio que se sigue en el Supremo contra los líderes independentistas catalanes está muy próximo ya a quedar visto para sentencia despues de una docena y media de semanas con sesiones que se dedicaron en los últimos días a la proyección de vídeos que la Fiscalía entendió que probaban la violencia ejercida. De hecho, mantuvo en sus conclusiones la petición de penas por un delito de rebelión por una situación “claramente insurreccional durante 49 días” en lo que se calificó como un otoño caliente con más de 400 altercados. Por ello solicita hasta 25 años de cárcel para sus autores y que cumplan al menos la mitad de la pena antes de acceder al tercer grado; además de acusarles también del delito de malversación. Frente a ello, la Abogacía del Estado rebajó la categoría a la sedición, con penas menores, por descartar una violencia organizada.

Finalmente, cabe señalar otro revés para los secesionistas con la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de avalar al Tribunal Constitucional español por suspender el pleno del Parlament de Cataluña tras el 1-O en el que iban a declarar la independencia al entender que se trataba de una “necesidad democrática” del TC.

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