El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el pasado 12 de julio la adhesión de Castilla y León al compartimento de Facilidad Financiera, un trámite preceptivo para que la Junta pueda acceder a un préstamo de 115,97 millones de euros en condiciones ventajosas y cubrir las necesidades de liquidez del tercer trimestre de este año. Con el acuerdo adoptado, la cuantía disponible para la Comunidad procedente de este mecanismo articulado por el Gobierno central se eleva a 952,52 millones de euros en lo que va de este 2018.
La adhesión del Ejecutivo autonómico a la Facilidad Financiera para este año fue aprobada mediante Resolución de 26 de diciembre de 2017 de la Secretaría de Estado de Hacienda. A lo largo de 2018, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha ido fijando la distribución trimestral de recursos entre las autonomías con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.
Así, en su reunión del 28 de junio, asignó a Castilla y León un total de 115,97 millones correspondientes a las necesidades de endeudamiento del periodo que va de julio a septiembre. Para acceder a estos fondos, es preciso que la Junta acuerde sumarse al mecanismo ideado para facilitar liquidez a las comunidades -tal y como recogen la citada Resolución y el Real Decreto-Ley 17/2014 de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico-, un trámite al que se dio cumplimiento el día 12.
Condiciones atractivas
El importe al que accederá la Junta para este tercer trimestre se desagrega en tres partidas: 58,8 millones de euros se corresponden con la cuarta parte del déficit fijado para todo el ejercicio; 38,7 millones con las amortizaciones de deuda previstas, y finalmente 18,47 millones de euros es la cuantía proporcional a la cuota anual reservada para devolver las liquidaciones negativas de 2008 y 2009.
Esta financiación se instrumentará mediante una segunda adenda al préstamo de 618,31 millones de euros suscrito el pasado 8 de marzo, a través del que se materializó la adhesión de la Comunidad a la Facilidad Financiera en el primer trimestre. Éste fue también el procedimiento seguido para formalizar la misma operación en el segundo trimestre, que permitió a Castilla y León obtener 218,24 millones para hacer frente a sus necesidades de liquidez en ese periodo.
Ello implica que el préstamo que se suscriba ahora mantendrá las mismas condiciones atractivas que los anteriores. El plazo de devolución es a 10 años -con dos de carencia y los ocho restantes de amortización- y a un tipo de interés equivalente al coste medio de la deuda del Estado a un plazo similar.
Conviene recordar que la incorporación al compartimento de Facilidad Financiera, que hasta septiembre de 2018 suministrará a la Comunidad préstamos por una cuantía global de 952,52 millones de euros, carece de condicionalidad fiscal, es decir, no obliga a elaborar ningún plan de ajuste. A esta herramienta sólo pueden acudir las administraciones que han respetado los compromisos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y el periodo medio de pago a proveedores.
