El Senado reclama a Venezuela que pague lo que debe a los pensionistas residentes en España

Solamente Podemos votó en contra de la iniciativa

La Comisión de Asuntos Exteriores del Senado aprobó el pasado 4 de octubre una moción, a iniciativa del senador Pablo Rodríguez Cejas de la Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI-CC), en la que se reitera la reclamación al Gobierno de Venezuela para que abone, “en el plazo más breve posible”, las cantidades adeudadas a los pensionistas venezolanos residentes en Españas correspondientes a los años 2016 y 2017.

La propuesta fue aprobada con los votos favorables de todos los grupos, a excepción de Podemos, que votó en contra. Inicialmente este grupo iba a abstenerse pero finalmente decidieron votar en contra “porque no creemos que el Gobierno español esté en estos momentos en condiciones de dar lecciones a ningún otro Gobierno”, dijo la senadora Sara Mercé Vilà.

Para justificar su posición también argumentó que en su opinión “el Gobierno venezolano asume la responsabilidad de la situación y no desiste en su empeño por procurar la solución cabal que amerita”. Y añadió que “nosotros creemos que se trata de un asunto interno que ha sido, sí, instrumentalizado para finalidades políticas”.

Inicialmente la moción pedía que el Gobierno español adelantase, con carácter transitorio, el importe de la pensión mínima en España a los más de 7.000 afectados por esta situación para después reclamarla a Venezuela. El senador del Partido Popular Dionisio García Carnero señaló que la legislación española no permite que el Estado se haga cargo del pago de las pensiones, por lo que propuso un texto alternativo.

El texto propuesto por el PP, que fue el que finalmente se aprobó, insta al Gobierno a promover convenios y acuerdos con las administraciones locales y autonómicas adecuadamente financiados por el Estado para atender a las familias afectadas por esta situación y seguir manteniendo las reclamaciones al Gobierno venezolano para hacer cumplir el Convenio bilateral de Seguridad Social entre España y Venezuela para que abone las pensiones pendientes y garanticen su futuro.

Durante la defensa de su moción, el senador canario promotor de la iniciativa, Pablo Rodríguez Cejas subrayó la necesidad de que “el Gobierno de España se implique de manera efectiva, reforzando el diálogo diplomático, para hacer cumplir a Venezuela el convenio de Seguridad Social vigente entre ambos países desde el año 1990” .

El senador recordó que buena parte de los afectados son emigrantes retornados españoles, y muchos de ellos “son canarios-venezolanos que regresan a su tierra después de trabajar y cotizar una vida entera allá”, dijo.

En concreto, Rodríguez Cejas dijo ser “testigo de lo mal que lo están pasando estas personas, muchas de ellas vecinos y vecinas de El Hierro que están sobreviviendo gracias a la compasión y caridad de sus familiares y amigos, y a la asistencia que se les puede prestar desde los departamentos de Servicios Sociales de los ayuntamientos y cabildos”.

El senador detalló que el año pasado había censados 5.997 venezolanos pensionistas en Santa Cruz de Tenerife y 1.725 en la provincia de Las Palmas, lo que da idea de la dimensión del problema en Canarias “y también en otros territorios del Estado”.

Rodríguez Cejas recordó que el Parlamento de Canarias ha aprobado, recientemente y por unanimidad, instar al Estado a que abra negociaciones con Venezuela con el fin de que se cumpla el convenio bilateral de la Seguridad Social .

Por su parte, Dionisio García Carnero dijo que “la Seguridad Social ha presentado cuatro escritos formales ante el presidente del Instituto Venezolano: en septiembre de 2016, en diciembre de 2016, en febrero de 2017 y hace solo unos meses, en julio”.