Junts pel Sí (JxSí) -la coalición electoral gobernante entre la antigua Convergencia y Esquerra Republicana de Catalunya- y la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) registraron el 31 de julio en el Parlament la ley con la quieren convocar, organizar y celebrar el referéndum del 1 de octubre sobre la independencia de Cataluña.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los diputados independentistas del Parlament firmaron previamente, el día 28, de forma conjunta y colegiada la ley. Una norma presentada por ambos grupos junto con el Govern el 4 de julio en un acto en el Teatre Nacional de Catalunya, lo que motivó una investigación de la Guardia Civil.
Por otro lado, los partidos soberanistas sacaron adelante la reforma del Reglamento del Parlament, que les permitiría aprobar por la vía urgente en un solo día y sin debate las leyes de ruptura con España, como la Ley del Referéndum o las llamadas ‘leyes de desconexión’.
El PP catalán y Ciudadanos (C’s) presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra esta reforma para proteger a los ciudadanos y a la oposición. El Gobierno de España también recurrió esa reforma exprés al TC, a través de un recurso de inconstitucionalidad, al entender el Consejo de Estado que vulnera derechos de participación política en condiciones de igualdad. El presidente Mariano Rajoy aseguró que no habrá consulta soberanista y ofreció recuperar la normalidad en Cataluña.
Mientras, el Ejecutivo central tomó otras medidas como activar un procedimiento para evitar el desvío de fondos de la Generalitat al referendo, avisándole que cortará toda ayuda financiera si el Govern catalán sufraga la consulta. Para eso, le obliga a certificar cada semana que no incurre en gastos impropios y a identificar a los interventores encargados de ello -amenazándoles incluso con responsabilidad penal- ante las protestas, especialmente del vicepresident Oriol Junqueras, que se niega a cumplir esos requisitos administrativos.
El PSOE se desmarcó de estas iniciativas por entender que no resuelven el conflicto y adujo que hace falta diálogo y mesura.
Mientras, las investigaciones de la Guardia Civil han llevado a imputar por sedición a responsables de Comunicación, Presidencia y Hacienda. Algo que no amilana a los máximos dirigentes de la Generalitat, que siguen con su purga interna de todo aquel que no comulgue con el proceso soberanista: una decena de altos cargos cesados en 15 días.
Pero la presión no le llega a los independentistas sólo del Gobierno de España, con el apoyo de Ciudadanos, sino que el letrado mayor del Parlament desautorizó el referendo porque no tiene los requisitos mínimos exigibles, términos similares a los empleados por los empresarios catalanes que añaden que vulnera el derecho internacional y tendría consecuencias impredecibles.
El Rey Felipe VI, por su parte, recordó lo que se puede hacer con la unidad, en un acto por el 25º aniversario de los Juegos Olímpicos de Barcelona, y animó a trabajar conjuntamente y en la misma dirección. Por último, un sondeo de un órgano de la Generalitat reconoce el descenso del apoyo a los independentistas, que perderían la mayoría absoluta si hubiera elecciones.