El presidente de la Junta de Castilla y León intervino el pasado 8 de octubre en la inauguración de la reunión anual de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia de España, que se celebró en Burgos, donde llamó a desterrar tanto la politización de la justicia como la judicialización de la política.
El acto sirvió a Juan Vicente Herrera para realizar una defensa del Poder Judicial como “esencia” de la democracia y de los Tribunales Superiores como “una parte esencial de nuestro modelo de Estado autonómico”, un modelo que hay que reivindicar cuando se cumplen cuatro décadas de la Constitución.
Esa importancia del Poder Judicial, que se pone de manifiesto a través de cada una de las resoluciones que dictan los más de 5.500 jueces y magistrados que lo integran en España, radica en que ampara los derechos y libertades de todos, resuelve todo tipo de conflictos y defiende al Estado y a sus instituciones. En este sentido, Herrera recordó que España, tras la dura crisis económica sufrida, se enfrenta actualmente a otros desafíos de enorme magnitud, como el terrorismo internacional, la corrupción política y económica, los delitos de violencia de género e, incluso, el desafío de “los que intentan romper la unidad de la Nación desde instituciones del propio Estado, violentando e incumpliendo el orden legal democrático establecido, e impugnando sus mismas bases. Entre ellas, el principio de soberanía nacional, que reside en el pueblo español, y de la que emanan los Poderes del Estado, el Judicial entre ellos”.
Según afirmó el presidente de la Junta, todos estos conflictos y desafíos solo pueden afrontarse desde los valores y principios constitucionales, desde la solidez y el funcionamiento de las instituciones y desde la aplicación de la Ley. “Una Ley que en democracia es desde luego modificable a través de los cauces establecidos para ello, pero que estando vigente, obliga y debe prevalecer. Por lo que incumplirla o no aplicarla no puede ser nunca una opción”, señaló.
Politización de la Justicia
El presidente de la Junta también advirtió sobre la tentación de los propios actores políticos de usar los procesos y resoluciones judiciales como argumento o como territorio para la confrontación partidista y el ataque al adversario. “Una politización de la justicia y judicialización de la política que deberíamos desterrar, en aras de la dignidad y eficacia de las instituciones”.
A todo ello se suman las propias dificultades en el ejercicio de la labor judicial, los problemas organizativos que sufre y la limitación de medios con los que se desempeña, que en el caso de Castilla y León se agravan por la extensión y enorme dispersión de su población. Por ello, el presidente reclamó una Justicia más rápida y eficaz y aprovechó para reconocer y agradecer la labor que realizan los 330 jueces y magistrados que ejercen en la Comunidad.
También recordó Herrera que en 2012 se alcanzó un gran Pacto con todos los actores judiciales y jurídicos de la Comunidad, que fijaba las condiciones para la asunción de la Justicia, entre las que destacaba la consideración de que solo una financiación adecuada podía dar sentido a la asunción de la misma, “algo que nunca nos fue asegurado”. A esa asunción de las competencias en materia de Justicia tampoco ha contribuido el “fallido” sistema de financiación autonómica, que a lo largo de estos años ni siquiera ha garantizado recursos suficientes para las competencias básicas en sanidad, educación o servicios sociales, por lo que el presidente de la Junta insistió en que su reforma sigue siendo urgente y perentoria.
A pesar de no haber asumido aún esas competencias, la Junta mantiene una amplia relación de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con el Ministerio Fiscal y con el propio Ministerio de Justicia a través de convenios en materias tan variadas como la siniestralidad laboral, la mediación familiar o la lucha contra los incendios forestales. También en asuntos tan relevantes para la política social como la protección de quienes pierden su vivienda habitual por ejecución hipotecaria o la integración social de drogodependientes. Existe, además, coordinación de actuaciones para mejorar la atención a las víctimas de la violencia de género, una materia que en su día llevó a la Junta de Castilla y León a defender un dictamen ante el Comité de las Regiones de la Unión Europea y a impulsar después el modelo de atención integral ‘Objetivo Violencia Cero’.
