Las agrupaciones políticas del Centro Gallego de Buenos Aires desmienten estar en contra de la concesión de la gestión del hospital

Pero reclaman al interventor ser tenidas en cuenta

Imagen de la reunión abierta a los socios del Centro Gallego de Buenos Aires de la que se da constancia en el artículo.

Con la intención de “hacer oír nuestra verdad a los socios”, las agrupaciones A Terra, Galicia, Celta, Salud y Cultura y Unión Gallega hicieron pública de esta manera su posición con el objetivo de “aclarar algunas cuestiones ante las incongruencias e inexactitudes de las manifestaciones del Sr. interventor vertidas en España Exterior y en la audición radial Con Vos”.

En primer lugar, señalan que a pesar de que hace más de un año vienen manteniendo reuniones con el interventor del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social del Gobierno argentino) para tratar de llegar a un acuerdo sobre la mejor manera de que la institución pueda enfrentar la crisis que la aqueja, “siempre rige el monólogo del Sr. Moyano”.

En ese sentido, recuerdan que si bien las agrupaciones recibieron de parte del interventor un bosquejo del contrato que se pretende firmar con Favaloro Salud basado en el que en su momento se había suscripto con la Fundación Galicia Salud, nunca recibieron respuestas a las propuestas y sugerencias que habían añadido al mismo.

Un supuesto fracaso

Luego de resaltar que “nadie puede estar en desacuerdo con la concesión a la Fundación Favaloro, ya que su nombre implica prestigio”, las agrupaciones afirman que lo que intenta Moyano al acusarlas de ser responsables de la demora en la firma del contrato de concesión es el de trasladarles un “supuesto fracaso” en las negociaciones.

Asimismo, acusan al interventor de negarles a las agrupaciones la posibilidad de conversar directamente con la directiva de la Fundación Favaloro y añaden: “Le hemos solicitado un cuadro financiero actual, le propusimos una junta de consenso… nada fue escuchado”. 

Respecto a la denuncia penal que le entablaron a Moyano bajo la acusación de administración fraudulenta, explican que fue el mismo interventor quien les manifestó que “en nuestro lugar hubiese entablado una denuncia penal… contra los interventores anteriores… y hoy se rasga las vestiduras” y aclaran que, luego de un consenso unánime, las cinco agrupaciones han denunciado penalmente a todos los interventores designados hasta el momento por el INAES “sencillamente porque no se han cumplido las premisas dadas por la justicia, que eran las de sanear e institucionalizar”.

Las agrupaciones dan cifras concretas para demostrar lo que, a su entender, ha sido un “rotundo fracaso” por parte de la intervención que se hizo cargo de la gestión del hospital de la institución hace cinco años: “En el año 2012 éramos aproximadamente 15.000 socios; hoy no alcanzamos los 6.500. Nos desplazaron del Centro Gallego con una deuda de 65 millones de pesos; hoy es de 1.600 millones. Comparativamente, y hasta el 2016, somos un 50% menos de socios pero la cuota es un 252% más cara. No se le puede echar la culpa a la inflación, no se han comprado equipos, etc, etc… Tenemos gran cantidad de juicios laborales y juicios ejecutivos. Salarios impagos. Los trabajadores viven en alerta permanente”.

Operatividad escasa

En la misma dirección, aseguran que los médicos y los socios les manifiestan cotidianamente la carencia de historias clínicas, la suspensión imprevista de cirugías, la falta de anestesistas y reactivos para realizar transfusiones y determinaciones de laboratorio y que, en general, el hospital hoy se encuentra con una operatividad escasa. 

“No hay cartilla de médicos por la falta de certeza por el no pago de salarios; la mayor parte de los servicios no se prestan, sino que inexplicablemente se derivan, aún teniendo los aparatos, y los médicos nos sugieren no atendernos en fines de semana porque no hay profesionales”, afirman, y añaden la sospecha de que el retraso en el proceso de digitalización de las historias clínicas pueda estar vinculado a la falta de cumplimiento con los pagos. 

“Teniendo en cuenta todo esto, y con el fin de proteger los derechos de los trabajadores y de los socios del Centro Gallego, nos vimos con la necesidad de iniciar esta denuncia a fin de que todo se investigue”, subrayan.

Seguidamente, señalan la incongruencia de que Moyano haya expresado que la denuncia penal en su contra es uno de los motivos por los cuales se retrasó la firma del contrato de concesión cuando, afirman, el interventor manifestó en un programa radial que “recién ahora se van a reunir los abogados del Centro Gallego con los de la Fundación y que la denuncia penal no era conocida hasta que él decidió hacerla pública hace unos días”.

Respecto a la no aprobación de los últimos balances en las asambleas de representantes de socios, la otra causa por la cual, según Moyano, aún no se firmó el contrato de concesión, argumentan: “Echarle la culpa a las agrupaciones minoritarias, con 30 representantes, de la no aprobación de los balances y el supuesto contrato es absurdo, cuando la Agrupación Breogán, a la que apañó y apoyó abiertamente, cuenta con 60 representantes, más que suficientes para aprobar cualquier cosa que se presente, sea buena o mala para la institución. Si no ha podido convencer a sus socios electorales de aprobar sus propuestas en la asamblea de representantes no es culpa nuestra, será porque nadie quiere asumir la responsabilidad de aprobar lo que él propone o porque ya ni ellos creen sus mentiras”. 

Además, explican que Moyano aún no ha puesto en conocimiento de las agrupaciones el balance de su propia gestión, “por lo que mal puede decir que no se lo aprueba cuando ni siquiera se lo conoce” y que si se dan de baja 1.500 socios por año “es por la falta de atención a la que su administración los tiene sometidos”.

Agrupación Breogán

En cuanto a la “debilidad institucional” que Moyano aseguró vive el Centro Gallego por responsabilidad de las agrupaciones, aseveran que el interventor ha jugado un papel determinante en la misma al “colaborar intensamente” para la creación de una lista que ganó las elecciones “aunque sus integrantes no poseían los requisitos necesarios” para participar de las mismas y que, no obstante, “muchos de ellos se plegaron a nuestra posición en la primera asamblea post elecciones y el resto no concurrió a la segunda y no van a ninguna reunión”.

“Recuerden, Breogán ganó, el resto de las agrupaciones perdimos. La gran pregunta es ¿Por qué la mayoría no se hace cargo? ¿Por qué no asumen? Y hoy el Sr. interventor nos dice que nosotros (los que hemos perdido) somos los irresponsables”, resaltan a continuación.

Ya redondeando, admiten que el modelo de gestión sanitaria ha cambiado en los últimos años y vuelven a dejar en claro que no se oponen a ningún contrato de concesión, “menos aún con la Fundación Favaloro”, y resaltan que, a pesar de la inmensa deuda que ha contraído el Centro Gallego, la institución posee una ubicación estratégica y una capacidad de más de 300 camas, cuando en la Ciudad de Buenos Aires hay en general una carencia hospitalaria estructural.

Finalmente, y luego de recordar que el hospital del Centro Gallego cuenta con más de 1.300 trabajadores que no pueden ser desatendidos, subrayan la necesidad de que las agrupaciones políticas sean tenidas en cuenta al momento de encarar la manera de concesionar su gestión, pero advierten que para analizar cualquier propuesta, “primero debemos saber dónde estamos parados contable e institucionalmente; es decir el Inaes deberá rendir cuentas de su gestión, o el Sr. interventor en su caso. Luego se contactará específicamente con quienes nos manifestaron interés en acercarse y negociaremos, siempre protegiendo al socio y a los trabajadores”.