El Parlamento Europeo insta al Gobierno a mejorar el procedimiento del voto exterior

A través de una carta enviada al Congreso y al Ejecutivo por la Comisión de Peticiones de la Cámara europea

El Congreso de los Diputados recibió hace unos días una carta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en la que se advierte del “menoscabo” que su pone el voto rogado para los derechos de los españoles residentes en el extranjero. En la misiva, según publicó el diario ‘El País’, la Cámara europea transmite su preocupación y anima a las autoridades españolas -la carta también fue remitida al Gobierno- a “mejorar el procedimiento” del voto exterior.

Ya el pasado 9 de noviembre la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo anunció que iba a pedir al Gobierno español que revisase el procedimiento para ejercer el derecho a voto de los españoles residentes en otros países de la UE, tal y como se recoge en una nota prensa del propio Parlamento europeo.

Así lo anunció la vicepresidenta de la comisión Rosa Estaràs, del Partido Popular Europeo, tras escuchar a dos ciudadanos españoles, Gabriel de la Cruz y María de las Nieves Sanz, quienes presentaron sendas peticiones sobre sus dificultades a la hora de ejercer su derecho a voto en las elecciones generales de 2011 así como en los comicios europeos de 2014.

Estaràs confirmó entonces que la petición se mantendrá abierta a la espera de la respuesta del Gobierno español, al que ya han enviado una carta así como al Congreso de los Diputados, al que instan a elevar la petición a iniciativa legislativa, y también piden que se eleve a la comisión de Asuntos Exteriores, y a la Comisión Europea.

El peticionario explicó que la reforma de la Ley Orgánica Del Régimen Electoral General (Loreg) hace “casi imposible ejercer el derecho al voto” ya que los plazos de recepción de papeletas no se cumplen, lo que ha llevado a que la participación de los españoles residentes en el extranjero pase del 32% al 4,95%, según expuso De la Cruz en la petición presentada.

También hizo hincapié en que esta ley se introdujo para evitar el fraude en América Latina y  agregó que las autoridades españolas no tienen unos censos adecuados, por lo que éstas “deben corregir sus registro de votantes”.

Por su parte, Sanz, quién manifestó no tener claro si su petición se encontraba entre las competencias de la UE, pidió la protección del derecho a voto de los españoles residentes en otros países miembros.

Los peticionarios consideran que la obligación de inscribirse, los plazos poco razonables para ello y la necesidad de correr con los gastos del envío por correo discriminan a los expatriados, y que además, a pesar de que se haya seguido el procedimiento, la documentación no se recibe a tiempo para votar o nunca llega.

La representante del ejecutivo comunitario indicó que para la Comisión es fundamental que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a voto, pero puso de manifiesto la falta de poder del órgano para intervenir en las elecciones nacionales, aunque sí en las locales y las europeas.

La organización de las elecciones nacionales no incide en el ámbito de aplicación de la legislación de la UE y las distintas modalidades se regulan, por lo tanto, exclusivamente en virtud de la legislación nacional de cada Estado miembro, incluidas las modalidades que atañen a los ciudadanos residentes en el extranjero.

Asimismo indicó que, respecto a los comicios europeos, siempre que se garantice la Ley de 1976 establecida por el Parlamento Europeo, los diferentes Estados miembros tienen libertad para organizar los elecciones, aunque también puso de manifiesto que cuando se apruebe la nueva ley electoral europea el proceso podría verse facilitado.

La eurodiputado Beatriz Becerra, que tras darse de baja de UPyD continúa su actividad política como independiente en el grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas (ALDE), manifestó que “votar en el extranjero es una carrera de obstáculos que tras superarla no garantiza que el voto sea válido”, por lo que mostró su respaldo a los peticionarios.

Asimismo, Ángel Vallina, de Izquierda Unida, se mostró de acuerdo con los peticionarios en la necesidad de garantizar el “ejercicio efectivo del derecho a voto de los españoles” residentes en otros países de la UE.

Por su parte, la socialista Soledad Cabezón, justificó que la reforma que introdujo el voto rogado tenía la intención de garantizar el derecho al voto mediante la actualización de los censos y en ningún momento para impedir el derecho a ejercerlo.