El Tribunal Supremo anunció el pasado 25 de octubre el cierre de la investigación sobre el referendum ilegal en Cataluña del 1 de octubre de 2017 dictado por el juez Pablo Llarena y abrió juicio oral contra los 18 procesados, entre ellos el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, nueve exconsellers y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. El alto tribunal acuerda enviar a juicio por rebelión y malversación de fondos a Junqueras y Forcadell, así como también a los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa, y a los dirigentes soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
También acuerda enjuiciar por malversación de caudales públicos y por un delito de desobediencia a Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santi Vila. Junto a ellos se sentarán en el banquillo de los acusados también por un delito de desobediencia los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluis Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Josep Joan Nuet, además de la exportavoz de la CUP en el Parlament Mireia Boya.
Se abre así la fase de juicio oral, por lo que la Sala dio traslado a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y a Vox, la acusación particular, para que formulasen sus escritos de acusación. La Fiscalía decidió mantener la acusación por rebelión y pedir penas de hasta 25 años de cárcel para Junqueras, los exconsellers Turull, Forn, Bassa, Romeva y Rull; el expresidente de la ANC Jordi Sánchez; el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. La petición de penas varía según el grado de responsabilidad en lo ocurrido, por lo que se van reduciendo progresivamente para el resto de los 18 líderes independentistas procesados.
Esto contrasta con la acusación de la Abogacía del Estado, que actuó bajo órdenes del Gobierno y que sustituyó la rebelión por el delito de sedición reclamando penas por un máximo de 12 años para los principales cabecillas, la mitad de lo exigido por la Fiscalía.
Quienes por el momento no serán juzgados son el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, los exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig; la dirigente de ERC Marta Rovira y la exportavoz de la CUP Anna Gabriel, ya que todos ellos se encuentran huidos. Se les someterá a un juicio diferente cuando sean puestos a disposición de la Justicia española. Por otra parte, la Sala confirmó el sobreseimiento de la causa respecto del expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y la exdirigente de PDeCAT, Marta Pascal, y la expresidenta de la Asociación de Municipios Independentistas (AMI) Neus Lloveras.
El juicio comenzará previsiblemente en enero y no se espera sentencia hasta después de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2019.
Soberanistas retiran su apoyo a Sánchez
Los soberanistas, encabezados por el president de la Generalitat, Joaquim Torra, anunciaron que retiraban su apoyo al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por lo que se complica mucho la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y la legislatura, aunque tanto Sánchez como su partido, el PSOE, descartan un adelanto electoral. Y todo ello pese a que se había entendido como un guiño del Gobierno la retirada de la acusación de rebelión, con penas mayores, por parte de la Abogacía del Estado.
Este hecho fue muy criticado por la oposición y el presidente del PP, Pablo Casado, acusó a Sánchez de apoyar un golpe de Estado en Cataluña, mientras que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, le preguntó si descartaba el indulto a los dirigentes soberanistas, a lo que el presidente del Gobierno no contestó. Incluso la vicepresidenta, Carmen Calvo, defendió la figura esta figura, puesto que a su entender no implica perdonar el delito.
