El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ordenado parar la caza y dadas las graves consecuencias que puede producir para los intereses generales de la Comunidad, la Junta ha promovido la acción política del PP, a la que se han sumado otros grupos parlamentarios de las Cortes para asegurar en el tiempo un marco jurídico estable para el ejercicio de esta actividad mediante la constatación por Ley de las especies cinegéticas.
El objetivo de blindar la caza por Ley
Para defender los intereses generales de la Comunidad
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