El juez envía a prisión por rebelión y riesgo de fuga a toda la cúpula independentista catalana

El 22 de mayo es la fecha tope para que se designe un presidente tras la investidura fallida de Turull

Turull, en primera fila en el debate, con Forcadell (izq.) y Rovira (dcha.) detrás.

El pasado 22 de marzo se celebró en el Parlament de Cataluña el debate de investidura del candidato de Junts per Catalunya (JxC), Jordi Turull, que fue rechazado por los votos en contra de Ciudadanos, PSC, Catalunya en Comú-Podem y Partido Popular y la abstención de la CUP, por considerar su discurso autonomista y no de ruptura con el Estado y de reivindicación de la república catalana. Este no fue más que otra muestra de la ruptura del bloque soberanista.

Sin embargo, el mero hecho de que se celebrara el pleno de investidura y la votación provocó que comiencen a contar los plazos de esta legislatura, paralizada tras las elecciones del 21 de diciembre del pasado año por la falta de acuerdo de los partidos independentistas (JxC, ERC y CUP), que tienen mayoría absoluta en la Cámara autonómica. Por tanto, la fecha tope para la elección de un presidente de la Generalitat de Cataluña, y la posterior designación de un gobierno, es el 22 de mayo. Si para entonces la situación sigue igual, se convocarían nuevas elecciones, hacia mediados de julio. Y cada vez parece más plausible este escenario, sobre todo tras los últimos acontecimientos.

El anterior candidato, Jordi Sánchez (JxC), se vio obligado a renunciar a esta opción tras la negativa del juez y del Tribunal Constitucional a permitir su salida de la cárcel, donde está de forma preventiva desde octubre por un delito de sedición. Como consecuencia y para intentar su salida de prisión, Sànchez renunció al acta de diputado y anunció que dejaba la política.

Ahí es cuando JxC alcanzó un acuerdo con ERC para promover a Turull, exconseller del gobierno de Carles Puigdemont, que está en libertad bajo fianza por su relación directa con el referéndum ilegal del 1 de octubre del año pasado y la posterior declaración, casi simbólica, de independencia que aprobó el Parlament.

Los hechos se precipitaron cuando se supo, el pasado 21 de marzo, que el juez que lleva la causa en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, citaba el día 23 a los 28 investigados para entregarles el auto de procesamiento. En ese momento, JxC y ERC decidieron convocar un pleno exprés de investidura para intentar la elección de uno de los encausados y presionar así al juez y al Estado. Mientras, tras la celebración de la votación fallida, tres diputadas investigadas renunciaron a su escaño y una de ellas, Marta Rovira (número dos de ERC), se fugó a Suiza para evitar la cita con la Justicia.

Finalmente, no hubo elección de presidente y el juez envió a la cárcel a la cúpula soberanista por los delitos de rebelión y malversación de fondos y ante el riesgo de fuga, tomando como referencia los casos del expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret (todos ellos en Bélgica) y Clara Ponsatí (Escocia) y la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel (en Suiza). A los citados hay que sumar -como procesados- a los exmiembros del Govern Oriol Junqueras y Jordi Forn (ambos en prisión), Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los líderes de las entidades soberanistas, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez (ambos en prisión); además de Marta Rovira.

Otras doce personas están imputadas por desobediencia, de las cuales cinco añaden también el delito de malversación.

Llarena, que emitió orden internacional de detención contra Puigdemont, Rovira y el resto de fugados, comparó en su auto el desafío independentista con el golpe de Estado del 23-F de 1981 y destacó su persistencia.

Carles Puigdemont, detenido en Alemania

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, fue trasladado el pasado 25 de marzo al centro penitenciario de Neumünster, en el norte de Alemania (país que cuenta en su cuerpo legal con delitos similares al de rebelión), tras ser detenido esa mañana después de cruzar la frontera desde Dinamarca para seguir hacia Bruselas. Puigdemont, que pasó a disposición judicial, había escapado de Finlandia -donde había ido para participar en una conferencia- tras la emisión de la orden europea de arresto que había emitido el juez Llarena el día 23. Los plazos de entrega en aplicación de la euroorden que hay sobre él, van de 10 a 60 días. Tras conocerse la detención de Puigdemont se produjeron protestas que derivaron en momentos de fuerte tensión y choques entre manifestantes y policías que finalizaron con cerca de un centenar de heridos, 13 de ellos policías, y una decena de detenidos.

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