El Gobierno prevé un menor crecimiento y un déficit del 1,8% en su Plan Presupuestario para 2019

Fruto de un acuerdo con Podemos que incluye acabar con el voto rogado

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaron un acuerdo sobre los Presupuestos.

El Gobierno aprobó el pasado 15 de octubre, en un Consejo de Ministros extraordinario, el Plan Presupuestario para 2019, un borrador que remitió a la Comisión Europea con buena parte de las medidas recogidas en un acuerdo suscrito el día 11 con Podemos, que incluye mejoras sociales, como el aumento del salario mínimo, pensiones y los permisos de paternidad o medidas en vivienda, así como modificaciones impositivas con incrementos para las grandes rentas y grandes corporaciones, entre otras.

La actualización del cuadro macroeconómico remitido a Bruselas, a raíz de este Plan, prevé un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,6% en 2018 y del 2,3% en 2019. La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, indicó que estas cifras suponen una “ligera” revisión a la baja -una décima en cada año- con respecto al cuadro presentado el 20 de julio, de acuerdo al “principio de prudencia” de las previsiones del Ejecutivo.

España, explicó, se encuentra en una fase positiva del ciclo económico, que alcanzó su punto más alto en 2015; desde entonces, ha registrado tasas de crecimiento “robustas” y por encima de la media de la Unión Europea, pero progresivamente más moderadas, “de forma absolutamente coherente con la madurez del ciclo” y la situación de la economía mundial.

La revisión del PIB se debe sobre todo al menor crecimiento de los mercados españoles de exportación, así como a “hipótesis más duras” sobre el precio del petróleo y el crecimiento en la UE, apuntó.

En cuanto al déficit público, el Ejecutivo prevé que en 2019 se reduzca en nueve décimas, hasta el 1,8% del PIB, un objetivo “que no pone en peligro ni el crecimiento económico ni la creación de empleo”, que constituye “la prioridad fundamental”. La tasa de paro prevista para este año es del 15,5%, un porcentaje que bajaría al 13,8% en 2019. En el capítulo de gastos, Calviño remarcó el esfuerzo en los ámbitos de educación y ciencia, esenciales para aumentar el capital humano y la productividad.

La reducción del déficit hasta el 1,8% supondrá un superávit primario de cinco décimas del PIB, lo que permitirá bajar la deuda pública desde el 98,1% a finales de 2017 hasta el 95,5% al término de 2019. Con ese ajuste estructural, España cumplirá con sus compromisos europeos: el déficit acabará este año en el 2,7% del PIB, por debajo de la referencia del 3% del “brazo correctivo” del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

El techo de gasto de los Presupuestos suma 125.064 millones de euros, lo que implica un aumento del 4,4% y un incremento de gasto de 5.230 millones.

El Gobierno aprobará los Presupuestos Generales del Estado de 2019 con la senda de déficit que esté aprobada a finales de noviembre o principios de diciembre. Y si el nuevo objetivo de déficit para 2019 del 1,8% aún no está aprobado, se harán las cuentas públicas con el objetivo del 1,3% aprobado por el anterior Ejecutivo.

La ministra portavoz, Isabel Celaá, subrayó que el Ejecutivo va a seguir negociando con las fuerzas políticas a fin de recabar apoyos para las cuentas públicas de 2019.

Tras revisar la documentación, la Comisión Europea pidió aclaraciones ante el riesgo de desvío del déficit exigido para el año que viene, dudando sobre todo de los ingresos que prevé el Gobierno.

Los principales partidos de la oposición, PP y Ciudadanos, se mostraron disconformes con el Plan Presupuestario del Ejecutivo, por obviar el objetivo de déficit aprobado por el anterior Gobierno y se plantean paralizar el proyecto en la Mesa del Congreso o incluso recurrir al Tribunal Constitucional.

El acuerdo con Podemos

El Gobierno, a través de su presidente Pedro Sánchez, firmó un acuerdo de Presupuestos con Podemos, representado por su líder Pablo Iglesias, que incluye, entre otras cuestiones, en el punto 11.2 la modificación de la Ley Electoral, recogiendo, literalmente, que “se impulsará la reforma de la Ley Electoral con el objetivo de acabar con las trabas del voto rogado de las españolas y españoles en el exterior”.

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *