El Gobierno central mantiene el control en Cataluña y paraliza los nombramientos de Torra

El nuevo president, un ‘títere’ de Puigdemont, quería recuperar a dos presos y dos fugados de la Justicia

Joaquim Torra, nuevo president de la Generalitat de Cataluña, toma posesión del cargo en presencia del titular del Parlament, Roger Torrent.

Las fuerzas soberanistas, especialmente Junts per Catalunya (JxC), tuvieron que renunciar a la investidura del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que se encuentra en Berlín huido de la Justicia española. Los independentistas querían aprovecharse de una reforma legislativa que ellos mismos aprobaron para que se pudiera llevar a cabo una investidura sin la presencia del candidato. Sin embargo, el Gobierno de España aprobó en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, el pasado 9 de mayo, la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la posible investidura telemática, entre otros preceptos, que éste admitió a trámite y suspendió la reforma de la Ley de Presidencia de Cataluña además de advertir al presidente del Parlament, Roger Torrent, de las consecuencias de desobecer al Tribunal.

Por ello, JxC se vio en la obligación de reconsiderar su propuesta y su líder, Carles Puigdemont, anunció que presentarían al diputado independiente, Joaquim Torra, como candidato “provisional” para que respete el mandato del referéndum soberanista del 1 de octubre y se encargue de la “gobernación interior” mientras él se haría cargo del “gobierno de fuera”. Una designación a dedo que dejaba bien a las claras que no sería más que una marioneta en manos del propio Puidemont. De hecho, Torra lo reconoció a él como el presidente legítimo.

Radical y xenófobo

El elegido se estrena en el Parlament en esta legislatura y fue presidente de Ómnium Cultural, una de las entidades independentistas más reconocidas. Tiene un perfil radical y destacó en años anteriores por sus declaraciones y artículos supremacistas, sectarios, xenófobos, antiespañolistas y ofensivos contra los hispanohablantes.

Así, se celebró el debate de investidura de este candidato, que sólo garantizó obediencia al Parlament, que aseguró que impulsará un proceso constituyente hacia la república, habló de una crisis humanitaria en Cataluña y ofreció un plan para relanzar el secesionismo, avanzando enfrentamientos con el Estado y admitiendo que es un títere de Puigdemont. Los partidos de la oposición, Ciudadanos (C’s), Partido Socialista (PSC), En Comú-Podem y Partido Popular (PP), coincidieron en atacar el frentismo de Torra, descalificando su sectarismo y sus escritos antiespañolistas. C’s y PSC le tacharon de ultranacionalista que insulta y odia a la mitad de los catalanes.

Torra no logró la investidura a la primera puesto que no alcanzó la mayoría absoluta en la votación del 12 de mayo por la abstención de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP). Sí lo consiguió 48 horas después con mayoría simple por los 66 votos a favor de JxC y Esquerra Republicana (ERC) frente los 65 en contra de C’s, PSC, los ‘comunes’ y el PP y las 4 abstenciones de los antisistema de la CUP. En su discurso, Torra prometió restituir a Puigdemont, aunque voces de JxC no descartaron elecciones en un año, aseguró que trabajará para lograr un estado independiente en forma de república y que activará un Parlament en paralelo y un Govern en rebeldía.

La líder del partido más votado en las últimas elecciones, Inés Arrimadas (C’s), apeló a la unidad de la oposición para hacer frente al independentismo mientras el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, se sumó a las llamadas a la unidad y prometió firmeza en cuanto las amenazas se convirtieran en hechos.

La elección de Torra ponía fin a siete meses sin presidente en Cataluña. Tomó posesión el día 17 sin referencias a la Constitución ni al Rey -de los que emana su nombramiento- en un acto de perfil bajo para seguir mostrando su provisionalidad y dependencia de Puigdemont, al que fue a visitar al día siguiente de su investidura y volvió a proclamar como el presidente legítimo.

Polémicos nombramientos

El sábado 19 de mayo, Joaquim Torra anunció la composición de su gobierno, al que integraba a dos exconsellers huidos de la Justicia española en Bélgica, Lluis Puig y Toni Comín, y otros dos encarcelados, Josep Rull y Jordi Turull, acusados de varios delitos relacionados con el proceso soberanista. Esto provocó las críticas de los partidos constitucionalistas que denunciaron la provocación de Torra y la demostración de su falta de voluntad para el diálogo.

La reacción del Gobierno de España, de acuerdo con los líderes nacionales del PSOE y de C’s, fue dejar en suspenso el gobierno de Torra, al no publicar los nombramientos en el Boletín Oficial, y mantener sin fecha de caducidad el artículo 155 de la Constitución por el que interviene la autonomía de Cataluña.

Todas las actuaciones del Ejecutivo central fueron consensuadas entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, a quienes recibió Rajoy por separado en el Palacio de la Moncloa. Estos dirigentes incluso no descartaron aplicar un 155 más duro, que contemple la intervención de la televisión pública catalana, el control económico de la Generalitat y de los Mossos d’Esquadra, si Torra -al que un comunicado conjunto del Gobierno y el PSOE llega a tildar de xenófobo- y el secesionismo persisten en su desafío.

 

La situación de los huidos a Bélgica y Alemania

La Fiscalía belga remitió el pasado 8 de mayo al juez del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, un escrito en el que le señalaba que en ningún caso se podrá entregar a los consellers allí huidos por el delito de desobediencia, puesto que no está recogido en la legislación belga. Llarena, por su parte, confirmó el procesamiento del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de otros 23 investigados en el proceso independentista y aclaró, posteriormente, que podría rebajar a sedición el delito de rebelión contra la cúpula soberanista o incluso a conspiración para la rebelión, ambos con penas menores, de 15 años como máximo; lo que podría permitir la extradición de los dirigentes fugados a Alemania. Aunque en su escrito, el juez resaltó la violencia llevada a cabo por los soberanistas. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, apostó por actualizar el delito de rebelión en el Código Penal y adecuarlo a la situación en Cataluña.

Sin embargo, la Justicia belga rechazó extraditar a los exconsellers fugados por un defecto de forma, a lo que el TS respondió reprochándole su falta de compromiso y colaboración y Llarena advirtió a la fiscalía alemana para que no repita el error de la de Bélgica. Y la Fiscalía del Supremo español instó al juez a enviar una nueva euroorden contra los exconsellers huidos.

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