20190219

Elecciones generales el 28 de abril con voto rogado

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Se celebrarán menos de un mes antes de las municipales, autonómicas y europeas según anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

El Congreso de los Diputados tumba los Presupuestos del Gobierno y aboca a un adelanto electoral

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Los independentistas catalanes dejan caer las Cuentas que habían pactado PSOE y Podemos
Pedro Sánchez, durante su reunión con los presidentes de Ecuador, Colombia y Costa Rica.

España reconocerá a Juan Guaidó como presidente de Venezuela si Maduro no convoca elecciones

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Pedro Sánchez acordó con los líderes de la Unión Europea conceder un plazo de ocho días
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, y la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, antes de comenzar su comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros.

El Gobierno presenta los Presupuestos Generales del Estado para 2019 y busca apoyos para aprobarlos

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Prevé un crecimiento del 2,2% y la creación de 800.000 puestos de trabajo entre este ejercicio y el anterior

El candidato del PP, Juan Manuel Moreno, investido presidente de la Junta de Andalucía

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Logra la mayoría absoluta en la primera votación, con 59 votos a favor y 50 en contra, y pone fin a 36 años de hegemonía del PSOE en la Comunidad

82,6 millones de turistas extranjeros, casi un 1% más, en 2018

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El gasto también se incrementó un 3,1% respecto al año anterior

Rescatan muerto a un niño de 2 años que cayó a un hoyo

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Un dispositivo de más de 300 personas trabajó durante más de doce días en su liberación
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                                            [post_content] => El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de anunciar en una comparecencia pública la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril. Y de nuevo, los españoles residentes en el exterior se encontrarán con el obstáculo del voto rogado, según ha reconocido Sánchez, quien ha dado por perdida en su intervención la reforma de la Ley electoral.

Sánchez afirmó que el bloqueo de la reforma del procedimiento del voto exterior incluido en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) se debe, no a la falta de una mayoría parlamentaria para sacarlo adelante, sino “por el filibusterismo parlamentario del Partido Popular y de Ciudadanos que contaban con una mayoría en la Mesa del Congreso”.

Cabe recordar que la Mesa había aprobado unos días antes, el martes 12 de febrero, la tramitación por vía de urgencia de la proposición de ley orgánica de reforma del voto exterior presentada por PSOE y Unidos Podemos.

El titular del Ejecutivo cargó contra la oposición al considerar que el Gobierno no ha podido desarrollar toda una serie de medidas que tenía en la agenda “por una oposición que ha utilizado las instituciones con intereses partidarios, por una oposición que no ha atendido a razones, que está alejada de los parámetros del sentido común y de la moderación que se exigen si uno quiere liderar la oposición” y que “no ha antepuesto en definitiva el interés general”.

A pesar de que la disolución de las Cortes no se producirá hasta el próximo 5 de marzo, Sánchez y el Gobierno consideran que no hay tiempo para que la derogación del voto rogado sea una realidad en las elecciones generales del próximo 28 de abril. Y tampoco lo será en las elecciones autonómicas y al Parlamento Europeo del próximo 26 de mayo, por el escaso margen de tiempo para la constitución de las nuevas Cortes y el nuevo Gobierno que saldrá de las urnas.

Campañas electorales de meses y legislatura convulsa

Los ciudadanos españoles decidirán el futuro del país en unas elecciones generales que tendrán lugar menos de un mes antes de las municipales, las autonómicas en 13 comunidades y las dos ciudades autónomas y las europeas. Por tanto, se prevén meses de inestabilidad política y de precampañas y campañas hasta que llegue junio. Y todo ello, después de la moción de censura a Mariano Rajoy, que permitió la llegada al poder de Pedro Sánchez el 1 de junio de 2018, y de que las anteriores elecciones generales se celebraran el 26 de junio de 2016. Una legislatura que termina antes de tiempo después de un periodo muy convulso.

El presidente del Gobierno realizó el anuncio de convocatoria de las elecciones generales tras un Consejo de Ministros extraordinario, celebrado el 15 de febrero, antes de la reunión ordinaria del Ejecutivo que se realizó a continuación.

La cita por las urnas se adelanta tras rechazar el Congreso de los Diputados, por segunda vez en la historia de la actual democracia española, un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. El primer caso fue en 1995 y lo sufrió Felipe González, meses antes de perder el poder.

Rechazo a los Presupuestos Generales

Ahora, el Gobierno que preside Pedro Sánchez recibió el 13 de febrero el rechazo de la Cámara baja a sus Presupuestos Generales del Estado para 2019, pactados con Unidos Podemos y respaldados también por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), tras aprobarse las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular (PP), Ciudadanos (C’s), Foro Asturias, Coalición Canaria (CC) y los partidos independentistas catalanes Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el El Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT,).

La tramitación del proyecto de Presupuestos para 2019 comenzó tras la entrega oficial por parte de la ministra de Hacienda a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, del proyecto aprobado el 11 de enero en Consejo de Ministros.

Los Presupuestos se sometieron, los días 12 y 13 de febrero, a su primer examen parlamentario: el debate de totalidad, en el que la titular de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, defendió el texto del Gobierno y se debatieron las enmiendas de devolución, aprobadas para rechazas las Cuentas.

Las fuerzas secesionistas unieron sus votos a los del PP, C’s, CC, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro (UPN) y, en el último momento, de un par de diputados de En Marea y en Comú (de las confluencias de Podemos) para tumbar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado con un resultado final de 191 votos a favor de devolverlas al Gobierno frente a 158 que apostaban por su tramitación y una abstención. Esta decisión provoca que se mantengan prorrogadas las Cuentas públicas del Estado del año anterior y que la legislatura quedase sentenciada.

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Por segunda vez en la historia de la actual democracia española, el Congreso de los Diputados ha rechazado un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. El primer caso fue en 1995 y lo sufrió Felipe González, meses antes de perder el poder.

Ahora, el Gobierno que preside Pedro Sánchez ha recibido el 13 de febrero el rechazo de la Cámara baja a sus Presupuestos Generales del Estado para 2019, pactados con Unidos Podemos y respaldados también por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), tras aprobarse las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular (PP), Ciudadanos (C’s), Foro Asturias, Coalición Canaria (CC) y los partidos independentistas catalanes Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el El Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT,).

La tramitación del proyecto de Presupuestos para 2019 comenzó tras la entrega oficial por parte de la ministra de Hacienda a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, del proyecto aprobado el 11 de enero en Consejo de Ministros.

Los Presupuestos se sometieron, los días 12 y 13 de febrero, a su primer examen parlamentario: el debate de totalidad, en el que la titular de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, defendió el texto del Gobierno y se debatieron las enmiendas de devolución, aprobadas para rechazas las Cuentas.

Las fuerzas secesionistas unieron sus votos a los del PP, C’s, CC, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro (UPN) y, en el último momento, de un par de diputados de En Marea y en Comú (de las confluencias de Podemos) para tumbar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado con un resultado final de 191 votos a favor de devolverlas al Gobierno frente a 158 que apostaban por su tramitación y una abstención. Esta decisión provoca que se mantengan prorrogadas las Cuentas públicas del Estado del año anterior y que la legislatura haya quedado sentenciada.

De hecho, aunque se rumoreaba con que el mismo día 13 el presidente del Gobierno iba a disolver las Cortes y convocar elecciones, finalmente Pedro Sánchez aplazó el anuncio al viernes 15, tras el Consejo de Ministros. El rumor más extendido es que el domingo 28 de abril los españoles decidirán el futuro del país en unas elecciones generales que serían menos de un mes antes de las municipales, las autonómicas en 13 comunidades y las dos ciudades autónomas y las europeas. Por tanto, se prevén meses de inestabilidad política y de precampañas y campañas hasta que llegue junio. Y todo ello, después de la moción de censura a Mariano Rajoy, que permitió la llegada al poder de Pedro Sánchez el 1 de junio de 2018, y de que las anteriores elecciones generales se celebraran el 26 de junio de 2016. Una legislatura que terminaría antes de tiempo después de un periodo muy convulso.

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El Consejo de Ministros aprobó el pasado 8 de febrero un acuerdo con medidas en materia de empleo público con la finalidad de reforzar los servicios afectados por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Asimismo, y en desarrollo de este acuerdo, se aprueba un Real Decreto por el que se adelanta una parte de la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2019.

De este refuerzo de personal de 1.735 efectivos, 875 corresponden a empleados públicos o puestos de trabajo de la Administración General del Estado, y 860 efectivos para servicios que prestan empresas públicas, principalmente Aena y Puertos del Estado.

La Administración, según informa el Gobierno, dispone actualmente de los medios necesarios para afrontar el marco de relaciones que se produciría con el Reino Unido tras su retirada de la Unión Europea, pero se debe reforzar la disponibilidad de empleados públicos en determinados sectores. Además, es necesario contar con la mayoría de dichos efectivos antes del 29 de marzo, fecha en la que está prevista la salida del Reino Unido, con o sin acuerdo, por lo que es necesario actuar con suficiente antelación.

Las áreas más relevantes que necesitan refuerzo de personal son el control fronterizo de personas, el control aduanero y los servicios de inspección sanitaria exterior, tanto para la importación como para la exportación de mercancías.

Otros sectores afectados son el control de la seguridad en el transporte de viajeros, las oficinas de extranjería y la atención a los ciudadanos británicos, así como las actividades de promoción de la internacionalización de las empresas españolas o la actividad de la representación de España en el Reino Unido.

 

NUEVOS EFECTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO POR MINISTERIOS

- Ministerio de Hacienda: 462

- Ministerio de Política Territorial y Función Pública: 135

- Ministerio del Interior: 59

- Ministerio de Agricultura y Pesca: 30

- Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social: 18

- Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: 51

- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: 18

- Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación: 26

- Ministerio de Fomento: 62

- Ministerio de Justicia: 3

- Ministerio de Economía: 5

- Ministerio de Transición Ecológica: 6

TOTAL: 875

[post_title] => Se aprueba un refuerzo de 1.735 personas para atender servicios afectados por el Brexit [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => se-aprueba-un-refuerzo-de-1-735-personas-para-atender-servicios-afectados-por-el-brexit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-02-13 19:22:01 [post_modified_gmt] => 2019-02-13 18:22:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://www.espanaexterior.com/?p=925755 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) ) [1] => Array ( [estilo] => foto-texto [invertir] => [noticias] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 925752 [post_author] => 5 [post_date] => 2019-02-12 10:31:24 [post_date_gmt] => 2019-02-12 09:31:24 [post_content] =>

El pasado 8 de febrero, el Gobierno suspendió el diálogo con la Generalitat de Cataluña porque los partidos independentistas piden un referéndum de autodeterminación que “no es aceptable”, según aseguró la vicepresidenta Carmen Calvo, quien en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros llamó a la responsabilidad de estas formaciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Calvo, no obstante, no dio por roto el diálogo en Cataluña a pesar de que los soberanistas rechazaron el marco que propone el Ejecutivo, que contempla diseñar antes de finalizar febrero una mesa de partidos con dos representantes por cada formación política, con capacidad de decisión en los ámbitos estatal y catalán y coordinados por un relator que ayude a “crear las condiciones idóneas” para el diálogo. La vicepresidenta, sin embargo, aseguró que el Gobierno “nunca” aceptará un referéndum de autodeterminación ni nada que rompa el marco constitucional.

Por su parte, la Generalitat acusó al Gobierno de “romper” el diálogo por “falta de coraje”. Días antes el president Joaquim Torra había hecho público el documento con sus 21 reclamaciones que entregó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre las que incluyó la exigencia de un referéndum de autodeterminación y abolir la monarquía. Además, como medidas de presión, los partidos soberanistas ERC y PDeCAT registraron sendas enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado, que se votan el 13 de febrero y podrían suponer el fin de la legislatura, pues el Gobierno decidirá si convoca elecciones con el resultado de esa iniciativa parlamentaria.

Y todo ello, con el inicio del juicio a los dirigentes independentistas el 12 de febrero, de fondo, acusados de delitos de rebelión.

A raíz de las propuestas del Gobierno, especialmente de la figura de un mediador o ‘relator’ como lo denominó, el PP y Ciudadanos convocaron una concentración de protesta el día 10 en la plaza de Colón en Madrid, a la que se unió Vox, por lo que consideran cesiones a los independentistas y para reclamar elecciones generales ya. La Subdelegación del Gobierno cifró la asistencia al acto en 40.000 personas, solo en la plaza, que los organizadores elevaron a 200.000.

[post_title] => La presión de los separatistas catalanes pone en peligro los Presupuestos y la legislatura [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => la-presion-de-los-separatistas-catalanes-pone-en-peligro-los-presupuestos-y-la-legislatura [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-02-14 10:56:00 [post_modified_gmt] => 2019-02-14 09:56:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://www.espanaexterior.com/?p=925752 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) ) [2] => Array ( [estilo] => foto-texto [invertir] => [noticias] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 925749 [post_author] => 5 [post_date] => 2019-02-12 10:29:01 [post_date_gmt] => 2019-02-12 09:29:01 [post_content] =>

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió el pasado 30 de enero con el nuevo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a quien trasladó el “firme compromiso político” del Gobierno español con el cambio político que representa su llegada a la presidencia de México y la voluntad de trabajar juntos en la defensa de un proyecto progresista que promueva los derechos humanos, la igualdad de oportunidades, la lucha contra el cambio climático y la justicia social.

“Seamos una alternativa creíble y eficaz a los proyectos xenófobos y excluyentes que apelan al miedo para limitar derechos y frenar el progreso de las sociedades iberoamericanas. Colaboremos juntos para el progreso de la región”, dijo Sánchez a López Obrador.

En su reunión, ambos presidentes repasaron la profunda relación que une a ambos países y adoptaron una Declaración Conjunta que recoge los elementos más relevantes de la relación estratégica entre España y México, y una declaración sobre la participación de España en el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica.

Por último, los dos intercambiaron impresiones sobre la situación regional, en particular sobre Venezuela y Nicaragua, y el desafío migratorio en América Central.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inició el pasado 29 de enero un viaje de tres días en visita oficial a la República Dominicana y México, con el objetivo de profundizar las relaciones de España con América Latina, a través de contactos al más alto nivel.

Con este viaje, el presidente ha visitado nueve países latinoamericanos en ocho meses, lo que refleja la “prioridad absoluta” del Gobierno hacia esta región, según explica una nota de prensa del propio Ejecutivo.

En Santo Domingo, Pedro Sánchez se reunió con el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, a quien trasladó el compromiso del Gobierno con su país, principal socio de España en la región del Caribe, y con el que mantiene una estrecha relación política, económica y cultural. El país caribeño es un destino turístico de primer orden, que recibe a más de 170.000 españoles que visitan anualmente la isla, y más de 250.000 dominicanos viven en nuestro país.

Ambos presidentes adoptaron una Declaración Conjunta, bajo el nombre ‘España y República Dominicana: comprometidos en una relación cada vez más amplia y profunda’, y firmaron dos acuerdos, el ‘Marco Asociación País’, que constituye la hoja de ruta de la cooperación española en República Dominicana para los próximos años, y un ‘Memorando de Entendimiento de Comercio e Inversión’.

El presidente del Gobierno manifestó a su homólogo dominicano el deseo del Ejecutivo español de reforzar la cooperación bilateral y multilateral entre los dos países, e impulsar soluciones conjuntas a retos regionales, como la crisis de Venezuela, y a retos globales, dado que República Dominicana ocupa, por primera vez en su historia, un asiento como miembro no permanente del

Sobre la situación política en Venezuela, Sánchez trasladó a Danilo Medina la posición del Gobierno español y el liderazgo ejercido en el seno de la Unión Europea para promover la celebración de unas elecciones libres, transparentes y con todas las garantías democráticas como solución a la crisis.

En materia económica y empresarial, Sánchez transmitió a Medina el interés del Gobierno en profundizar la relación económica, reforzando la cooperación en sectores donde la presencia de empresas españolas está consolidada, como el hotelero, la industria del cemento, o los servicios financieros. Asimismo, manifestó el interés en diversificar la inversión en otros sectores, como las energías renovables o la cultura, así como garantizar la seguridad jurídica de los inversores. Además, le reiteró el compromiso de la Cooperación Española y la intención de seguir trabajando juntos, especialmente en el ámbito de cooperación triangular con Haití.

Finalmente, abordaron el drama de la violencia de género. Sánchez manifestó la disposición de España a cooperar con el Gobierno dominicano en la implementación de buenas prácticas y medidas efectivas que reduzcan los datos de violencia en un país que ocupa el cuarto lugar en feminicidios de toda América Latina y donde los porcentajes de violencia de género son elevados.

Recorrido por la Ciudad Colonial

La visita a Santo Domingo incluyó una ofrenda floral en el Altar de la Patria en el Parque de la Independencia, mausoleo donde reposan los restos de los tres Padres de la Patria -Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella- y un paseo por la ciudad colonial, la primera fundada por los europeos en América y declarada en 1990 Patrimonio de la Humanidad Unesco. La comitiva visitó el Alcázar de Colón, la calle Las Damas, el Museo de las Casas Reales, el Panteón Nacional, la Fortaleza, la Catedral y el Centro Cultural de España.

La jornada finalizó con un encuentro con la colectividad española en la Isla, que suma en todo el país 26.643 personas, para transmitir su afecto y compromiso de apoyo al trabajo desempeñado en favor del crecimiento español y el desarrollo de la República Dominicana.

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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, compareció el pasado 4 de febrero ante los medios de comunicación para hacer una declaración, sin preguntas, en la que reconoció a Juan Guaidó como “presidente encargado de Venezuela”, haciendo efectivo así el ultimátum que dio a Nicolás Maduro ocho días antes para convocar elecciones.

El “horizonte claro” de este reconocimiento, según Sánchez, debe ser “convocar elecciones en el menor plazo de tiempo posible, libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones”. “El pueblo de Venezuela debe decidir en exclusiva su destino”, añadió el presidente español, para quien el resto de países deben “acompañar” y “garantizar” este proceso.

La legitimidad de Guaidó, según el Gobierno español, “emana de su condición de presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, órgano legislativo surgido tras las últimas elecciones libres y democráticas reconocidas por el conjunto de la comunidad internacional como tales”.

El presidente español anunció contactos con el resto de países de la Unión Europea y con países iberoamericanos para avanzar en el “multilateralismo”. De hecho, ese mismo día 18 países más de la UE hicieron público su reconocimiento a Guaidó. 

Además, Sánchez anunció que España promoverá tanto en la UE como en la ONU un plan de ayuda humanitaria urgente para el país latinoamericano. 

La colonia española

El presidente aseguró en su declaración que “el Gobierno de España ha tenido, tiene y va a tener siempre muy presente la situación de la numerosa colonia española que reside allí. Representa una absoluta prioridad para el Gobierno de España”.

Además de hacer referencia a las inversiones españolas en el país: “También tenemos muy en cuenta los lógicos intereses de las empresas de nuestro país que están radicadas en Venezuela. Todos comparten con los venezolanos el deseo de un marco político de estabilidad, de democracia y de libertad”.

Y, por todo ello, Sánchez concluyó que “los vínculos, en definitiva, que unen a España con América Latina son muy profundos. Nada de lo que ocurre allí nos es ajeno. Ni al Gobierno ni, por supuesto, a la sociedad española. Por ello, el Gobierno trabajará para lograr que la democracia plena retorne a Venezuela”.

Reacciones en España

Respecto a la posición de los partidos políticos en España, hubo una coincidencia casi generalizada en las fuerzas mayoritarias de apoyar el reconocimiento de Guaidó, salvo en el caso de Podemos, que lamentó que España y la UE haga seguidismo de la postura del gobierno de Estados Unidos, que busca “controlar las mayores reservas de petróleo de la OPEP” y que puede provocar una “confrontación armada en Venezuela”. 

Por su parte, el PP señaló que el reconocimiento es “ambiguo” y “llega tarde”. Y acusó también a Sánchez de “deslealtad” por no haberles informado previamente, por lo que el PP va a pedir una comparecencia con preguntas de Sánchez en el Congreso de los Diputados. 

Finalmente, Ciudadanos se felicitó por el reconocimiento que creen que llega “después de la presión de la sociedad y del pueblo venezolano” e insistió en que Maduro “no puede ser partícipe ni artífice en estas elecciones”.

 
Recomendaciones de viaje

El Ministerio de Asuntos Exteriores español hizo público un comunicado el pasado 4 de febrero aclarando que la recomendación de no viajar a Venezuela salvo por razones de extrema necesidad no ha sido introducida “en los últimos días” sino que ha estado publicada en la página web de este Ministerio desde Mayo de 2017. La última versión de las recomendaciones de viaje publicada actualmente data del pasado 24 de enero. Se trata de una revisión de las recomendaciones que mantiene la mención expresa a no viajar salvo extrema necesidad.

Las recomendaciones de viaje son documentos vivos que se revisan de manera constante y se modifican cuando así se considera necesario en virtud de los cambios que se producen en materias de seguridad, sanidad o acontecimientos políticos de relevancia en cada uno de los países.

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El Gobierno ha puesto en marcha una campaña de comunicación en torno al brexit, con la que se quiere facilitar a ciudadanos y operadores económicos toda la información relacionada con la salida de Reino Unido de la Unión Europea, una situación que se materializará, en principio, el próximo 30 de marzo.

El eje central de dicha campaña es la publicación del espacio ‘Preparados para el brexit’, dentro de la página web oficial del Gobierno, en el que se explica qué es el brexit, cómo ha sido el proceso negociador y cuál es la situación actual.

Además de presentar la situación actual y los distintos escenarios posibles, se facilita información de interés sobre residencia, aduanas, sanidad o comercio y se informa de cómo hay que prepararse para la marcha de Reino Unido de la Unión Europea, tanto si se produce el brexit con acuerdo como sin él.

Información actualizada del proceso

Los negociadores de la Unión Europea y Reino Unido presentaron un texto para la salida acordada que fue asumido por el Consejo Europeo el 25 de noviembre de 2018 y que fue rechazado por el Parlamento británico.

El Ejecutivo español está impulsando, tanto a nivel nacional como europeo, las acciones necesarias para paliar el escenario no deseado de una salida sin acuerdo. Esta campaña de información forma parte de los planes de contingencia que ha elaborado el Gobierno ante la salida de Reino Unido de la Unión Europea, un plan que, si se llegara al escenario de un brexit sin acuerdo, prevé medidas legislativas, logísticas y de comunicación para afrontar la situación.

En el caso de que Reino Unido no ratifique el acuerdo, el Gobierno español prevé aprobar en febrero las medidas legislativas del plan de contingencia centradas en los derechos de los ciudadanos, las relaciones comerciales y los sectores económicos particularmente sensibles.

En el nuevo espacio web se informará puntualmente de todas esas medidas legislativas y también se incluirán todas las noticias relacionadas con el brexit a medida que se produzcan.

[post_title] => El Gobierno prevé aprobar en febrero medidas legislativas sobre derechos de los ciudadanos si Reino Unido no ratifica el acuerdo del brexit [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => el-gobierno-preve-aprobar-en-febrero-medidas-legislativas-sobre-derechos-de-los-ciudadanos-o-los-sectores-economicos-sensibles-si-reino-unido-no-ratifica-el-acuerdo-del-brexit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-02-01 09:30:49 [post_modified_gmt] => 2019-02-01 08:30:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://www.espanaexterior.com/?p=925085 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) ) [7] => Array ( [estilo] => foto-texto [invertir] => [noticias] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 925078 [post_author] => 5 [post_date] => 2019-01-29 11:21:53 [post_date_gmt] => 2019-01-29 10:21:53 [post_content] =>

El candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, fue investido por la Cámara autonómica el pasado 16 de enero al obtener la mayoría absoluta en la primera votación, con un total de 59 votos a favor (26 de su formación, el Partido Popular; 21 de Ciudadanos y 12 de Vox) y 50 en contra (33 del PSOE y 17 de Adelante Andalucía). Con esta elección se ponía fin a la presencia hegemónica del Partido Socialista en el Gobierno andaluz, durante 36 años, en esta etapa democrática y autonómica posterior al franquismo.

El acto de toma de posesión del presidente se celebró el día 18, en el Salón de Usos Múltiples del Parlamento andaluz, donde Moreno declaró asumir “la responsabilidad de construir una nueva etapa de ilusión para Andalucía”. “Seré un presidente de Andalucía para Andalucía, porque no me debo a ningún interés económico, político o personal que no sea el bien general de los andaluces”, explicó. Dos días después , Moreno Bonilla dio a conocer su gobierno, formado por once consejerías, dos menos que en la anterior legislatura, de las que seis corresponden al PP y cinco a su socio, Ciudadanos, incluyendo la Vicepresidencia para Juan Marín, líder de esa formación.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado 26 de enero que España da un plazo de ocho días a Nicolás Maduro para convocar elecciones libres, democráticas y transparentes. De no ser así, Sánchez aseguró que España reconocerá a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. El presidente del Ejecutivo hizo estas declaraciones tras liderar, según aseguró el propio Gobierno, el proceso negociador con los diferentes líderes de la Unión Europea para adoptar una postura común en busca del reconocimiento de Juan Guaidó como presidente.

Dos días antes, Pedro Sánchez mantuvo en Davos (Suiza) una reunión conjunta con los presidentes de Colombia, Iván Duque; Ecuador, Lenin Moreno; y Costa Rica, Carlos Alvarado; con los que analizó la situación de Venezuela y les trasladó la postura de la Unión Europea de reconocimiento de la legitimidad de la Asamblea Nacional y apuesta por elecciones libres como la vía capaz de lograr una solución no traumática en Venezuela. Los presidentes reconocieron el papel fundamental de equilibrio y solución que juega España en este momento, en su papel de actor principal tanto ante la Unión Europea como ante la comunidad de países iberoamericanos.

A continuación, el presidente del Gobierno español conversó telefónicamente, a iniciativa suya, con Juan Guaidó. En la conversación, Sánchez le trasladó su reconocimiento por el coraje con el que está comportándose en esta situación y defendió la legitimidad de la Asamblea Nacional venezolana, además de explicar a Guaidó el comunicado conjunto de la Unión Europea. En dicho comunicado, se apuesta por una posición común en favor de la celebración de elecciones libres, que permitan expresarse democráticamente al pueblo venezolano, y un rechazo rotundo del uso de la violencia y de la fuerza.

Pese a reconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del día 25, la ministra portavoz, Isabel Celaá, se refirió, según nota de prensa del Gobierno, a la situación en Venezuela “tras la autoproclamación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino de la república”.

“Rechazamos contundentemente el uso de la violencia y de la fuerza y lamentamos las víctimas mortales que ya se han producido. Ni una más. Por eso, nuestra posición aspira, de común acuerdo con nuestros socios europeos, a que la situación que necesite Venezuela sea única y exclusivamente democrática”, afirmó Celaá.

En la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europa y Cooperación, Josep Borrell, insistió en que en Venezuela deben convocarse “elecciones libres, justas, creíbles y conformes a los estándares democráticos”, posición que el Gobierno de España ha transmitido por todos los canales al Gobierno venezolano.

 
En el Foro Económico Mundial de Davos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajó a la ciudad suiza de Davos para participar los días 23 y 24 de enero en el Foro Económico Mundial, tras nueve años de ausencia de un jefe del Ejecutivo español. Sánchez asistió con el objetivo de exponer su visión de futuro sobre la globalización y sobre Europa, establecer liderazgos cooperativos y trasladar las fortalezas de la economía española para promover la inversión, crear empleo y prosperidad. El presidente centró su discurso en el plenario en las oportunidades y retos que presenta la digitalización de la economía y la necesidad de “comprender este fenómeno e incorporarlo al diseño de políticas públicas”, dijo, con el fin de lograr que de forma inclusiva “todos los ciudadanos del planeta se sumen a esta revolución modernizadora” y evitar así una “nueva brecha tecnológica”.

La lucha contra la desigualdad es “una obligación a la que debemos prestar todo nuestro empeño”, afirmó Sánchez, por ser esta una fuente de “tensión e inestabilidad económica”, de “fractura en nuestras sociedades” y el camino “de vuelta a la catástrofe”, en clara alusión a la emergencia de los populismos reaccionarios nacionalistas, “el principal desafío al que se enfrentan nuestras democracias liberales”, dijo.

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El Consejo de Ministros aprobó el pasado 11 de enero la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que tienen como objetivo la consolidación de los servicios públicos esenciales y la creación de un nuevo modelo de crecimiento económico sostenible que permita la recuperación de la clase media y trabajadora. El día 14, el proyecto inició su tramitación en las Cortes, donde tiene que recabar apoyos suficientes para la aprobación definitiva del texto. Para ello, el Gobierno se aferra a sus socios en la moción de censura contra Mariano Rajoy (Unidos Podemos, el PNV, la izquierda abertzale de Bildu y los partidos independentistas catalanes) de los que no ha logrado un sí definitivo que permita a Pedro Sánchez prolongar la legislatura más allá de este año 2019, como es el deseo del presidente del Gobierno.

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, afirmó que las cuentas públicas quieren blindar el Estado de bienestar y derechos como la dependencia, la sanidad y la educación: “Van a ganar los estudiantes, los becarios, los jóvenes, aquellos que ganan un Salario Mínimo Interprofesional, los funcionarios y la clase media”.

La titular de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que el proyecto de cuentas públicas cumple con los principios de estabilidad presupuestaria de la Unión Europea y se atiene al objetivo de déficit vigente del 1,3%, dado que se ha vetado en el Senado la nueva senda de estabilidad planteada por el Gobierno y aprobada por el Congreso del 1,8%.

Durante la presentación de la actualización del cuadro macroeconómico en el que se sustenta el proyecto de Presupuestos, la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, anticipó que el Ejecutivo confía en que la economía española mantenga en 2019 una tasa de crecimiento sólido, superior a la prevista para la zona euro. Además, explicó que se ha revisado una décima a la baja la previsión de crecimiento en 2019 -que se estima en el 2,2%- por el mayor ajuste fiscal exigido para reducir el déficit público hasta el 1,3%. De acuerdo con las proyecciones del Gobierno, Calviño también avanzó que la tasa de paro se reducirá del 15,5% al 14%, con la creación de unos 800.000 puestos de trabajo en el conjunto de 2018 y 2019.

El gasto se incrementa en más de 5.000 millones de euros, al elevar el techo de gasto público hasta los 125.000 millones de euros, mientras que el Gobierno prevé recaudar 227.356 millones de euros a través de impuestos directos e indirectos, lo que supondría un 9,5% más que el año anterior, sobre todo por el Impuesto de Sociedades, el IRPF a rentas altas y el impuesto al diésel.

 
Trato especial a Cataluña [caption id="attachment_924391" align="alignright" width="300"] El presidente Pedro Sánchez en un momento de su reunión con el president de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Torra.[/caption]

Las inversiones del Gobierno de España en Cataluña crecen un 66% en los Presupuestos Generales del Estado con respecto a 2018. Y es que Sánchez necesita el voto de los partidos separatistas catalanes, junto con el de Unidos Podemos, el PNV y la izquierda abertzale de Bildu, para sacar adelante las Cuentas, como ya hizo con la senda de déficit en el Congreso, que rechazó después el Senado. Otro guiño a Cataluña fue la reunión del Consejo de Ministros del 21 de diciembre en Barcelona, donde se reunió con el president de la Generalitat, Joaquim Torra, como hicieron también dos miembros más de cada gobierno. Además de otros gestos hacia los independentistas, ambos ejecutivos aprobaron un comunicado conjunto en el que se apuesta por “dar una respuesta democrática” al “conflicto de Cataluña”, sin hacer referencia alguna a la Constitución.

Posteriormente, Torra llamó a los catalanes a “sublevarse” para “lograr la secesión” en su discurso de Fin de Año. Por otro lado, el Tribunal Supremo juzgará próximamente a los 12 líderes separatistas en prisión provisional por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se encargará de otros seis acusados sólo de desobediencia y para los que no se pide cárcel.

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El candidato propuesto por la presidenta del Parlamento para la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, fue investido por la Cámara autonómica el pasado 16 de enero al obtener la mayoría absoluta en la primera votación, con un total de 59 votos a favor (26 de su formación, el Partido Popular; 21 de Ciudadanos y 12 de Vox) y 50 en contra (33 del PSOE y 17 de Adelante Andalucía). Tal y como establece el Reglamento del Parlamento, la presidenta, Marta Bosquet, comunicó la elección al Rey, a los efectos del consiguiente nombramiento del presidente de la Junta de Andalucía.

En el debate de investidura, tal y como informa en su web la Cámara, el candidato contestó uno por uno a los portavoces de los cinco grupos parlamentarios: Francisco Serrano por parte del Grupo Vox, Teresa Rodríguez por el Grupo Adelante Andalucía, Juan Marín en nombre del Grupo Ciudadanos, Carmen Crespo por el Grupo Popular y Susana Díaz en representación del Grupo parlamentario Socialista. Finalizado el debate, se procedió a la votación, pública por llamamiento en orden alfabético.

El acto de toma de posesión del presidente de la Junta de Andalucía se celebra el viernes 18 de enero, a las 12:00 horas, en el Salón de Usos Múltiples de la sede de la Cámara.

Con esta elección se pone fin a la presencia hegemónica del Partido Socialista Obrero Español en el Gobierno andaluz, durante 36 años, en esta etapa democrática y autonómica posterior al franquismo.

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