20181113

El Tribunal Supremo abre juicio oral contra 18 dirigentes independentistas de Cataluña

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La Abogacía del Estado reduce a la mitad la petición de penas de la Fiscalía / Los soberanistas retiran su apoyo a Sánchez
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El Tribunal Supremo anunció el pasado 25 de octubre el cierre de la investigación sobre el referendum ilegal en Cataluña del 1 de octubre de 2017 dictado por el juez Pablo Llarena y abrió juicio oral contra los 18 procesados, entre ellos el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, nueve exconsellers y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. El alto tribunal acuerda enviar a juicio por rebelión y malversación de fondos a Junqueras y Forcadell, así como también a los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa, y a los dirigentes soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

También acuerda enjuiciar por malversación de caudales públicos y por un delito de desobediencia a Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santi Vila. Junto a ellos se sentarán en el banquillo de los acusados también por un delito de desobediencia los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluis Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Josep Joan Nuet, además de la exportavoz de la CUP en el Parlament Mireia Boya.

Se abre así la fase de juicio oral, por lo que la Sala dio traslado a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y a Vox, la acusación particular, para que formulasen sus escritos de acusación. La Fiscalía decidió mantener la acusación por rebelión y pedir penas de hasta 25 años de cárcel para Junqueras, los exconsellers Turull, Forn, Bassa, Romeva y Rull; el expresidente de la ANC Jordi Sánchez; el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. La petición de penas varía según el grado de responsabilidad en lo ocurrido, por lo que  se van reduciendo progresivamente para el resto de los 18 líderes independentistas procesados.

Esto contrasta con la acusación de la Abogacía del Estado, que actuó bajo órdenes del Gobierno y que sustituyó la rebelión por el delito de sedición reclamando penas por un máximo de 12 años para los principales cabecillas, la mitad de lo exigido por la Fiscalía.

Quienes por el momento no serán juzgados son el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, los exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig; la dirigente de ERC Marta Rovira y la exportavoz de la CUP Anna Gabriel, ya que todos ellos se encuentran huidos. Se les someterá a un juicio diferente cuando sean puestos a disposición de la Justicia española. Por otra parte, la Sala confirmó el sobreseimiento de la causa respecto del expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y la exdirigente de PDeCAT, Marta Pascal, y la expresidenta de la Asociación de Municipios Independentistas (AMI) Neus Lloveras.

El juicio comenzará previsiblemente en enero y no se espera sentencia hasta después de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2019.

 
Soberanistas retiran su apoyo a Sánchez Los soberanistas, encabezados por el president de la Generalitat, Joaquim Torra, anunciaron que retiraban su apoyo al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por lo que se complica mucho la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y la legislatura, aunque tanto Sánchez como su partido, el PSOE, descartan un adelanto electoral. Y todo ello pese a que se había entendido como un guiño del Gobierno la retirada de la acusación de rebelión, con penas mayores, por parte de la Abogacía del Estado. Este hecho fue muy criticado por la oposición y el presidente del PP, Pablo Casado, acusó a Sánchez de apoyar un golpe de Estado en Cataluña, mientras que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, le preguntó si descartaba el indulto a los dirigentes soberanistas, a lo que el presidente del Gobierno no contestó. Incluso la vicepresidenta, Carmen Calvo, defendió la figura esta figura, puesto que a su entender no implica perdonar el delito.
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Uno de los asuntos fundamentales que está marcando la precampaña de las elecciones andaluzas del próximo 2 de diciembre es, además de las consecuencias de la situación política en Cataluña y la corrupción, las estrategias de cara a los pactos post-electorales. Y esto porque todo el mundo coincide en que no habrá mayorías absolutas y será importante la suma de votos que alcancen los partidos de izquierdas frente a los de derechas.

Ciudadanos, el sostén hasta ahora del gobierno del PSOE de Susana Díaz insiste en desmarcarse por completo. Su candidato es Juan Marín, aunque el líder Albert Rivera y la candidata catalana, Inés Arrimadas -andaluza de nacimiento-, están permanentemente en la Comunidad. Como también está el presidente del PP, Pablo Casado, para arropar a su cabeza de lista, Juan Manuel Moreno. El PP no descarta gobernar aunque no sea el partido más votado.

La candidata a la reelección, aunque recibió la visita de Pedro Sanchez, prefiere una campaña centrada en Andalucía y trabaja para lograr una victoria lo más amplia posible. Mientras que la relación entre Podemos y su lista afín, Adelante Andalucía con Teresa Rodríguez a la cabeza, mejora con la mediación de Izquierda Unida y esto podría acercarles al PSOE para un posible pacto, aunque sin precisar la entrada en el Ejecutivo.

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El Gobierno aprobó el pasado 15 de octubre, en un Consejo de Ministros extraordinario, el Plan Presupuestario para 2019, un borrador que remitió a la Comisión Europea con buena parte de las medidas recogidas en un acuerdo suscrito el día 11 con Podemos, que incluye mejoras sociales, como el aumento del salario mínimo, pensiones y los permisos de paternidad o medidas en vivienda, así como modificaciones impositivas con incrementos para las grandes rentas y grandes corporaciones, entre otras.

La actualización del cuadro macroeconómico remitido a Bruselas, a raíz de este Plan, prevé un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,6% en 2018 y del 2,3% en 2019. La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, indicó que estas cifras suponen una “ligera” revisión a la baja -una décima en cada año- con respecto al cuadro presentado el 20 de julio, de acuerdo al “principio de prudencia” de las previsiones del Ejecutivo.

España, explicó, se encuentra en una fase positiva del ciclo económico, que alcanzó su punto más alto en 2015; desde entonces, ha registrado tasas de crecimiento “robustas” y por encima de la media de la Unión Europea, pero progresivamente más moderadas, “de forma absolutamente coherente con la madurez del ciclo” y la situación de la economía mundial.

La revisión del PIB se debe sobre todo al menor crecimiento de los mercados españoles de exportación, así como a “hipótesis más duras” sobre el precio del petróleo y el crecimiento en la UE, apuntó.

En cuanto al déficit público, el Ejecutivo prevé que en 2019 se reduzca en nueve décimas, hasta el 1,8% del PIB, un objetivo “que no pone en peligro ni el crecimiento económico ni la creación de empleo”, que constituye “la prioridad fundamental”. La tasa de paro prevista para este año es del 15,5%, un porcentaje que bajaría al 13,8% en 2019. En el capítulo de gastos, Calviño remarcó el esfuerzo en los ámbitos de educación y ciencia, esenciales para aumentar el capital humano y la productividad.

La reducción del déficit hasta el 1,8% supondrá un superávit primario de cinco décimas del PIB, lo que permitirá bajar la deuda pública desde el 98,1% a finales de 2017 hasta el 95,5% al término de 2019. Con ese ajuste estructural, España cumplirá con sus compromisos europeos: el déficit acabará este año en el 2,7% del PIB, por debajo de la referencia del 3% del “brazo correctivo” del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

El techo de gasto de los Presupuestos suma 125.064 millones de euros, lo que implica un aumento del 4,4% y un incremento de gasto de 5.230 millones.

El Gobierno aprobará los Presupuestos Generales del Estado de 2019 con la senda de déficit que esté aprobada a finales de noviembre o principios de diciembre. Y si el nuevo objetivo de déficit para 2019 del 1,8% aún no está aprobado, se harán las cuentas públicas con el objetivo del 1,3% aprobado por el anterior Ejecutivo.

La ministra portavoz, Isabel Celaá, subrayó que el Ejecutivo va a seguir negociando con las fuerzas políticas a fin de recabar apoyos para las cuentas públicas de 2019.

Tras revisar la documentación, la Comisión Europea pidió aclaraciones ante el riesgo de desvío del déficit exigido para el año que viene, dudando sobre todo de los ingresos que prevé el Gobierno.

Los principales partidos de la oposición, PP y Ciudadanos, se mostraron disconformes con el Plan Presupuestario del Ejecutivo, por obviar el objetivo de déficit aprobado por el anterior Gobierno y se plantean paralizar el proyecto en la Mesa del Congreso o incluso recurrir al Tribunal Constitucional.

El acuerdo con Podemos El Gobierno, a través de su presidente Pedro Sánchez, firmó un acuerdo de Presupuestos con Podemos, representado por su líder Pablo Iglesias, que incluye, entre otras cuestiones, en el punto 11.2 la modificación de la Ley Electoral, recogiendo, literalmente, que “se impulsará la reforma de la Ley Electoral con el objetivo de acabar con las trabas del voto rogado de las españolas y españoles en el exterior”.
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El Consejo de Ministros acordó el 19 de octubre pedir al Consejo de Estado con urgencia un dictamen preceptivo para impugnar ante el Tribunal Constitucional la reprobación de Felipe VI incluida en una resolución del Parlamento de Cataluña, que el Gobierno considera “políticamente inaceptable”.

La resolución del Parlament, presentada por Catalunya en Comú Podem y aprobada con el apoyo de Junts per Catalunya y ERC, condena la toma de posición del Rey en el “conflicto catalán”, así como lo que considera “justificación de la violencia” policial el 1-O, y aboga por la abolición de la institución monárquica, que califica de “caduca y antidemocrática”.

Mientras, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se reunió en la cárcel con Oriol Junqueras, en prisión preventiva por presuntos delitos como la rebelión, para pedir el apoyo de ERC a los Presupuestos del Estado. Tanto ERC como sus socios de Gobierno de Junts per Catalunya se niegan a ello si no atiende la situación de los políticos presos.

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El Rey de España reivindicó la Constitución, pues “representa democracia y libertad”, en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, celebrada el pasado 19 de octubre en Oviedo, en lo que se entendió como un mensaje a los independentistas que quieren romper el país. Felipe VI ensalzó la Carta Magna en el año que se cumple su 40º aniversario como “fruto de la concordia entre españoles, unidos por un profundo deseo de reconciliación y paz”.

Los galardonados con los Princesa de Asturias de esta edición fueron el cineasta Martin Scorsese, premio de las Artes; la periodista Alma Guillermoprieto, premio de Comunicación y Humanidades; la oenegé Amref Health Africa, premio Cooperación Internacional; los alpinistas Reinhold Messner y Krysztof Wielicki, premio de los Deportes; la novelista Fred Vargas, premio de las Letras; el filósofo Michael Sandel, premio de Ciencias Sociales; el biólogo Svante Pääbo, premio de Investigación Científica y Técnica; y la doctora Sylvia Earle, premio de la Concordia.

Por otro lado, la celebración de la Fiesta Nacional, el 12 de octubre, se convirtió en una muestra del respaldo al Rey tras los ataques del soberanismo catalán, especialmente en el desfile militar en Madrid, donde estuvo acompañado por primera en lugar destacado por la Princesa Leonor. Felipe VI recibió vítores del público asistente que, sin embargo, abucheó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonista de la jornada también al colocarse por error con su mujer al lado de los Reyes en el besamanos de la recepción oficial, siendo retirados por un asistente de la Casa Real.

Ese mismo día, más de 65.000 personas se manifestaron en Barcelona en defensa de la unidad de España.

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