20180626

Pedro Sánchez forma un Gobierno con amplia mayoría de mujeres y con vocación europeísta

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Aumenta de 13 a 17 el número de ministerios y sólo 6 días después de su formación se produjo una dimisión
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Tras mantener un despacho con el Rey en el Palacio de la Zarzuela, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció el pasado 6 de junio en La Moncloa para dar a conocer la composición del Ejecutivo, del que subrayó su preparación y experiencia, su compromiso con la igualdad y su europeísmo.

Los elegidos por Sánchez son Carmen Calvo, como vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad; Josep Borrell, como ministro de Asuntos Exteriores, de Unión Europea y de Cooperación; Dolores Delgado, ministra de Justicia; Margarita Robles, ministra de Defensa; María Jesús Montero, ministra de Hacienda; Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; José Luis Ábalos, ministro de Fomento; Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno; Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo; Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación; Meritxell Batet, ministra de Política Territorial y Función Pública; Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica; Màxim Huerta, ministro de Cultura y Deporte; Nadia Calviño, ministra de Economía y Empresa; Carmen Montón, ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; y Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades.

Grandes desafíos

El jefe del Ejecutivo afirmó que el Gobierno quiere “ser fiel reflejo de lo mejor de la sociedad a la que aspiramos a servir”, que es paritaria, intergeneracional, abierta al mundo y anclada en la Unión Europa, comprometida socialmente y altamente cualificada. Y explicó que el Gobierno está preparado para abordar los grandes desafíos que se le presentan a España, como la modernización de la economía, con la ciencia como principal motor; la consolidación del actual ritmo de crecimiento; la lucha contra todo tipo de desigualdad; la regeneración democrática y el combate contra la corrupción, y el fortalecimiento del proyecto nacional, “reconociendo la diversidad de su ser”.

Además, defendió que España debe recuperar su papel protagonista en el proyecto europeo, como espacio desde el que dar respuestas efectivas a los retos que tienen las sociedades contemporáneas, entre los que citó la precariedad laboral, el cambio climático, la despoblación, el combate contra el terrorismo internacional y contra el crimen organizado, así como la integración de sociedades plurales y la solidaridad con los refugiados.

Respecto al aumento de carteras, que pasan de trece a diecisiete, el jefe del Ejecutivo lo explicó por cuatro razones. En primer lugar, la recuperación del Ministerio de Cultura, ya que esta -aseguró- es una fuente de riqueza tanto intelectual como económica y de empleo. En segundo lugar, la creación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que “visibiliza la potencia industrial” de España y responde a una demanda de muchos sectores productivos. En tercer lugar, la concentración en el Ministerio de Transición Ecológica “de las políticas que construirán un futuro sostenible”. Y, por último, la creación del Ministerio de Ciencia, fusionándolo con Innovación y Universidades.

Reemplazo en Cultura

Precisamente, una de esas carteras -la de Cultura y Deporte- cambió de manos sólo seis días después del nombramiento del Gobierno. El escritor y presentador de televisión, Màxim Huerta, se vio obligado a dimitir el día 13 al conocerse una condena judicial por fraude a Hacienda de 218.000 euros entre los años 2006 y 2008, en los que tributó por sociedades unos ingresos individuales.

Huerta, uno de los elegidos por Sánchez más mediático junto con el astronauta Pedro Duque, se convertía así en el ministro más efímero de la historia. Fue sustituido por José Guirao, un gestor cultural con experiencia y muy reconocido por el sector.

Compromiso con la igualdad y lucha contra la pobreza infantil

Pedro Sánchez subrayó que el nuevo Gobierno “está comprometido con la igualdad de manera inequívoca”: incluye a más mujeres que hombres por primera vez en la historia de la democracia española, otorga el peso de las responsabilidades económica a las mujeres y sitúa las políticas de igualdad a cargo de la vicepresidenta Carmen Calvo. El Ejecutivo, añadió, refleja de esta manera que con las movilizaciones feministas del pasado 8 de marzo “hubo un antes y un después en nuestro país”.

También destacó la creación del Alto Comisionado de lucha contra la pobreza infantil, que dependerá directamente de la Presidencia del Gobierno, para movilizar todos los recursos necesarios desde el ámbito público y el privado para acabar con “el duro presente que sufren muchos niños y niñas en un país que crece al 3% pero que no reparte justamente ese crecimiento”.

Por último cabe señalar que el presidente Sánchez se estrenó en el cargo con las recepciones a sus homólogos de Ucrania, Andorra e Irlanda, a los representantes de los agentes sociales con quienes abordó la reforma laboral o las pensiones, entre otros asuntos, y con una reunión privada con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, para explorar posibles alianzas.

 
Levanta la supervisión financiera de Cataluña

La nueva portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, explicó que el Consejo de Ministros abordó, en su primera reunión celebrada el 8 de junio, la culminación del levantamiento de los controles financieros a la Generalitat de Cataluña vinculados al artículo 155 de la Constitución. En concreto, se dieron instrucciones a los bancos para que el nuevo Gobierno autonómico pueda abordar los pagos que le corresponden, “conforme a la ley y de acuerdo a sus competencias”, sin tener que pasar por el control previo que venía realizando el Ministerio de Hacienda.

Celaá manifestó que uno de los grandes objetivos del Ejecutivo es “normalizar institucionalmente el país y por ello hay que abrirse al diálogo”. Posteriormente, otras voces del Ejecutivo y del PSOE apostaron por una reforma de la Constitución y un acercamiento de los políticos presos a Cataluña. Además, Sánchez se reunirá antes del verano con el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra.

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El expresidente del Gobierno y presidente del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, anunció el pasado 5 de junio ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP que se retira de la primera línea política después de 37 años de ejercer cargos de todo tipo en la formación. “Es lo mejor para el PP, para mí y creo que también para España”, aseguró Rajoy sólo cuatro días después de perder el Gobierno a manos del socialista Pedro Sánchez por medio de una moción de censura.

El hasta ahora líder popular reivindicó su labor al afirmar que deja un país mejor que cuando llegó al Ejecutivo. “Los españoles nunca nos retiraron su confianza”, añadió para rechazar las formas en las que se produjo su salida del Gobierno. Rajoy se mostró muy emocionado por el anuncio y por las innumerables muestras de afecto recibidas en esos días, como las largas y calurosas ovaciones que le dispensaron los asistentes a la Ejecutiva.

El todavía presidente del PP avanzó que se celebrará un conreso extraordinario del partido en julio para elegir sucesor, puesto que él se negó a hacerlo, dejando vía libre a los militantes. “Estaré a la orden de quien elijáis”, concluyó.

Congreso el 20 y 21 de julio

Posteriormente, el 11 de junio, se celebró la reunión de la Junta Directiva Nacional en la que se despidió Rajoy y que decidió que el 19º Congreso Nacional del PP se celebrará los días 20 y 21 de julio en Madrid.

El 15 de junio se conoció la decisión de Mariano Rajoy de dejar su escaño en el Congreso de los Diputados y pedir el reingreso a su profesión como registrador de la propiedad después de 32 años de ocupar cargos institucionales o de la primera línea del partido. No era más que la confirmación de que abandona la política.

El plazo de presentación de precandidaturas para convertirse en sucesor de Rajoy se abrió del 18 al 20 de junio. La Comisión Organizadora proclamará a los precandidatos el día 22 y convocará la campaña electoral interna desde la jornada siguiente hasta el 3 de julio, ambos inclusive.

Los afiliados podrán inscribirse para participar en la elección del presidente del PP y para participar como compromisario en el Congreso. La elección de compromisarios se celebrará en toda España el 5 de julio, mismo día que votarán los militantes al sucesor de Rajoy, que será definitivo si sólo hay un candidato o si uno de ellos logra el 50% de los votos. En caso contrario, la elección definitiva del presidente del PP quedaría en manos de los compromisarios que asistan al Congreso extraordinario del 20 y 21 de julio. De ahí, como plazo máximo, saldría el nuevo líder del partido más votado en las últimas tres elecciones en España.

Feijóo se descarta

El presidente de la Xunta de Galicia y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, anunció a última hora de la tarde del 18 de junio ante la Junta Directiva del PPdeG que no se presentará como candidato a la sucesión de Rajoy.

“Mi único pacto ha sido con los gallegos. Soy el presidente de Galicia porque una mayoría de ciudadanos así lo han decidido en las urnas. Como ya he dicho, es la mayor de mis ambiciones políticas. En 2016 me comprometí con ellos hasta 2020. Les transmití mi ilusión por lo que aún quedaba por hacer. Sin haber completado mi compromiso no puedo fallarle a los gallegos porque sería fallarme a mi mismo”, aseguró visiblemente emocionado para justificar su decisión.

 
Casado y otros dirigentes que se presentan Por el momento, han anunciado su intención de competir por liderar el Partido Popular el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado; el secretario Ejecutivo de Relaciones Internacionales del PP, José Ramón García-Hernández; el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo; y el expresidente de Nuevas Generaciones de la Comunidad Valenciana, José Luis Bayo. Tras la decisión de Feijóo de no presentarse, a pesar de ser el favorito en las encuestas, las miradas están puestas ahora en la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y en la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
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El Consejo de Ministros del pasado 15 de junio abordó asuntos relacionados con la agenda social, tal y como explicó la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, quien avanzó que el Ejecutivo iniciará un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y con la sociedad civil para devolver la asistencia sanitaria integral a todas las personas y recuperar la universalidad sanitaria en el Sistema Nacional de Salud.

La ministra recordó que el vigente Real Decreto Ley 16/2012 dejó sin asistencia sanitaria integral a las personas en situación administrativa irregular, por lo que hay que eliminarlo y aprobar uno nuevo para devolver a todas las personas su derecho a la protección de su salud. “Es una cuestión de decencia política y un mandato de todos los organismos internacionales: de la ONU, de la Unión Europea y de la Organización Mundial de la Salud”, dijo. Celaá estima que el Consejo de Ministros podría aprobar la nueva norma en unas seis semanas.

Por otro lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio instrucciones el pasado día 11 para que España cumpla con los compromisos internacionales en materia de crisis humanitarias y anunció que el puerto de Valencia acogería al barco Aquarius, en el que se encontraban más de 600 personas abandonadas a su suerte en el Mediterráneo, tras la negativa de Italia y Malta.

La llegada de las tres embarcaciones con migrantes procedentes del buque Aquarius se produjo el 17 de junio y fue atendida con un amplio dispositivo de 2.300 trabajadores y voluntarios que, bajo la coordinación del Gobierno y la Generalitat Valenciana, hicieron posible la asistencia sanitaria y social, la identificación y el traslado de las 630 personas procedentes del barco.

El Gobierno subrayó que España es un país solidario y de acogida y la vicepresidenta Carmen Calvo señaló que “nuestro país cumple con sus responsabilidades con coherencia ante una crisis humanitaria, de la misma manera que lo hace en el Estrecho de Gibraltar". España es un país avanzado en políticas sociales de acogimiento, de refugio y de ayuda, según remarcó.

No obstante, el Gobierno destacó que la cuestión migratoria es responsabilidad de la Unión Europea. Europa tiene que hacer una revisión de su política respecto a los migrantes.

Mientras, España sufrió en las 48 horas de ese mismo fin de semana la mayor crisis migratoria de la última década con la llegada de 1.130 personas a Andalucía y otras 152 a Canarias en distintas embarcaciones. De hecho, en el Estrecho de Gibraltar se registraron cerca de medio centenar de desapariciones de inmigrantes, por lo que se sospecha que puedan haber perdido la vida en el intento de llegar a la costa española.

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Iñaki Urdangarin, condenado por el Tribunal Supremo (TS) a cinco años y diez meses de cárcel por el caso Noós, ingresó el 18 de junio en la cárcel de Brieva (Ávila).

El TS ratificó el día 12 la condena inicial de la Audiencia de Palma al marido de la infanta Cristina y, por tanto, cuñado del Rey, por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias, pero le absolvió de falsedad en documento público, con lo que rebajó en cinco meses la pena de privación de libertad. Urdangarin podía recurrir al Tribunal Constitucional y pedir el indulto pero, por el momento, no ha optado por esa vía.

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El pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 1 de junio la moción de censura del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) contra el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, por la cual le sustituye en el cargo Pedro Sánchez, secretario general del partido proponente, que obtuvo así la confianza de la Cámara y fue nombrado, posteriormente, por el Rey Felipe VI, ante quien tomó posesión del cargo el día 2 en un acto sin Biblia ni crucifijo, por primera vez en la democracia española. La moción había sido presentada una semana antes, el 25 de mayo, tras conocerse la sentencia del primer juicio relacionado con el caso Gürtel.

Sánchez se convirtió así en el séptimo presidente del Gobierno de la democracia y el primero que llega al cargo tras triunfar una moción de censura, en el cuarto intento después de la de Felipe González (PSOE) a Adolfo Suárez (UCD) en 1980, la de Antonio Hernández Mancha (AP) contra González (PSOE) en 1987 y la de Pablo Iglesias (Unidos Podemos) contra Mariano Rajoy (PP) en junio de 2017. Además, es el primero también que toma el poder sin ser parlamentario: ni diputado ni senador. Puesto que decidió dejar su escaño en el Congreso en octubre de 2016 cuando el PSOE colaboró con el PP en la investidura de Mariano Rajoy absteniéndose en la votación.

Además, su partido no ganó las elecciones y será la primera vez que el grupo parlamentario que corresponde al Gobierno no es el mayoritario en la Cámara, donde el PSOE solo cuenta con 84 escaños, la cifra más baja de su historia.

Debate y votación

En la moción de censura Pedro Sánchez logró 180 votos a favor, provenientes del PSOE (85 -incluido el del diputado coaligado de Nueva Canarias-), los 71 de Unidos Podemos (UP), 9 de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), 8 del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), 5 del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y 2 de Eh Bildu. Hubo 169 diputados que se pronunciaron en contra: los 137 del Partido Popular (PP) y los 32 de Ciudadanos (C’s) y se registró una abstención, de la diputada de Coalición Canaria (CC).

Durante el debate, el candidato evitó cualquier referencia a la convocatoria de elecciones y se comprometió a gobernar con los Presupuestos Generales del Estado promovidos por el PP, para garantizarse el apoyo del PNV, y a dialogar con el nuevo Gobierno de Cataluña, para contar con el respaldo de los partidos independentistas. El líder de UP, Pablo Iglesias, le propuso gobernar en coalición sin obtener respuesta de Sánchez; mientras que Albert Rivera (C’s) criticó que el PSOE se apoyara en los soberanistas y defendió que lo mejor era escuchar la voz de los españoles convocando elecciones.

El mayor enfrentamiento se produjo con el hasta entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a quien Sánchez y su partido pidieron repetidamente que dimitiera por la sentencia del primer juicio de Gürtel y terminara con la incertidumbre, centrando sus intervenciones en los casos de corrupción que afectan al PP.

Rajoy aseguró que la sentencia condena a militantes del PP y “no condena penalmente al PP sino civilmente como partícipe a título lucrativo por una acción que, como dice la sentencia, el PP desconocía”. Además de preguntar al candidato, a quien acusó de no tener proyecto, qué hará cuando condenen a cargos de su partido por corrupción. Igualmente, denunció la incoherencia de Sánchez por querer gobernar sin haber ganado nunca unas elecciones y por valerse de los independentistas o gobernar con los Presupuestos del PP cuando había criticado ambas opciones.

No hubo dimisión

Por último, Rajoy se negó a dimitir y antes de que se votara la moción, consciente ya de su derrota, aseguró: “ha sido un honor ser presidente del Gobierno de España y haber dejado una España mejor que la que encontré”.

El nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que es consciente de la responsabilidad que asume y del momento político “tan complejo” y que asumirá todos los desafíos que tiene el país “con voluntad, entrega y determinación”, así como desde el consenso. En declaraciones en los pasillos del Congreso, tras triunfar la moción de censura presentada por su partido, Sánchez aseguró que además de ser “plenamente consciente” de los retos que tiene por delante, pretende “transformar y modernizar” el país, como considera que siempre han hecho los gobiernos socialistas.

En segundo lugar, se centrará en atender las “urgencias sociales” de mucha gente que sufre “precariedad y desigualdad”. Todo eso, “desde el consenso y con mucha humildad”, afirmó Sánchez, quien también comprometió “mucha capacidad de trabajo” y reiteró su “entrega” en su nueva tarea como presidente porque “es lo que merece el país”.

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Casi al mismo tiempo que Sánchez tomó posesión de sus cargos el nuevo Gobierno de la Generalitat de Cataluña tras la rectificación de su presidente, Joaquim Torra, que renunció a recuperar a dos ‘consellers’ presos, Jordi Turull y Josep Rull, y otros dos huidos de la Justicia en Bélgica, Lluis Puig y Toni Comín, a quienes había nombrado el pasado 19 de mayo. El Gobierno de España paralizó la constitución del Ejecutivo al completo, y mantuvo el control de la Administración catalana- hasta que Torra retirara a los encarcelados y a los fugados. Además, el Tribunal Constitucional dio la razón al Gobierno de Rajoy en una resolución en la que afirma que los presos no tienen plenos derechos políticos.

El ‘president’ aplazó los actos de toma de posesión y días después, aconsejado por ERC y muchas voces en su partido -el PDeCAT-, varió la composición del Consell con otras caras y obtuvo luz verde del Gobierno de España para la asunción del poder. Así, con la formación de la nueva Generalitat decayó el control del Ejecutivo central, a través de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y el Gobierno catalán recuperó todas sus competencias, aunque el Estado seguirá vigilando sus cuentas. Torra insistió en que su objetivo es restituir al anterior Govern y que se debe al mandato del referéndum del 1 de octubre para alcanzar la independencia y la república en Cataluña, además de exaltar a los presos y los huidos de la Justicia.

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La causa de la moción de censura fue la sentencia del primer juicio relacionado con el caso Gürtel, conocida el 24 de mayo, por la que fueron condenados a más de 350 años de cárcel 29 acusados de diversos delitos relacionados con la corrupción y la malversación de fondos. Las penas mayores fueron para el cabecilla de la trama, Francisco Correa, con 51 años de prisión y para el extesorero del PP, Luis Bárcenas, con 33. El texto de la sentencia denuncia un “eficaz sistema de corrupción institucional” y da por probada la existencia de una caja B en el PP.

Sin embargo el dictamen de los tres jueces del tribunal no fue unánime y hubo un voto particular que apostaba por absolver al PP, que fue condenado por su responsabilidad civil como partícipe a título lucrativo por lo que deberá pagar 245.000 euros.

Esto coincidió, además, con la detención y entrada en prisión del exministro y dirigente valenciano del PP, Eduardo Zaplana, acusado de 10 delitos relacionados con el blanqueo de 10 millones de euros de comisiones escondidos en Panamá y Uruguay.

[post_title] => Primera sentencia del caso Gürtel y Eduardo Zaplana a la cárcel [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => primera-sentencia-del-caso-gurtel-y-eduardo-zaplana-a-la-carcel [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-06-05 11:13:54 [post_modified_gmt] => 2018-06-05 09:13:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://www.espanaexterior.com/?p=914668 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 914666 [post_author] => 5 [post_date] => 2018-06-05 11:12:53 [post_date_gmt] => 2018-06-05 09:12:53 [post_content] =>

El PNV respaldó, finalmente, en el Congreso el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que presentó el Gobierno de Rajoy y salieron adelante el 23 de mayo, por lo que pasan ahora al Senado para su tramitación, antes de la ratificación definitiva de nuevo en el Congreso, prevista para finales del mes de junio. Las Cuentas obtuvieron el respaldo de PP, Ciudadanos, PNV, Foro Asturias, UPN, Nueva Canarias y Coalición Canaria y el voto en contra del resto de formaciones. El proyecto incluye una inversión récord de 540 millones de euros en el País Vasco, clave para el voto del PNV.

Por otro lado, el Gobierno de Rajoy se despidió con una creación de empleo récord en mayo. El número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo se redujo en mayo hasta los 3.252.130 demandantes, lo que deja el paro en el nivel de finales de 2008.

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Las fuerzas soberanistas, especialmente Junts per Catalunya (JxC), tuvieron que renunciar a la investidura del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que se encuentra en Berlín huido de la Justicia española. Los independentistas querían aprovecharse de una reforma legislativa que ellos mismos aprobaron para que se pudiera llevar a cabo una investidura sin la presencia del candidato. Sin embargo, el Gobierno de España aprobó en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, el pasado 9 de mayo, la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la posible investidura telemática, entre otros preceptos, que éste admitió a trámite y suspendió la reforma de la Ley de Presidencia de Cataluña además de advertir al presidente del Parlament, Roger Torrent, de las consecuencias de desobecer al Tribunal.

Por ello, JxC se vio en la obligación de reconsiderar su propuesta y su líder, Carles Puigdemont, anunció que presentarían al diputado independiente, Joaquim Torra, como candidato “provisional” para que respete el mandato del referéndum soberanista del 1 de octubre y se encargue de la “gobernación interior” mientras él se haría cargo del “gobierno de fuera”. Una designación a dedo que dejaba bien a las claras que no sería más que una marioneta en manos del propio Puidemont. De hecho, Torra lo reconoció a él como el presidente legítimo.

Radical y xenófobo

El elegido se estrena en el Parlament en esta legislatura y fue presidente de Ómnium Cultural, una de las entidades independentistas más reconocidas. Tiene un perfil radical y destacó en años anteriores por sus declaraciones y artículos supremacistas, sectarios, xenófobos, antiespañolistas y ofensivos contra los hispanohablantes.

Así, se celebró el debate de investidura de este candidato, que sólo garantizó obediencia al Parlament, que aseguró que impulsará un proceso constituyente hacia la república, habló de una crisis humanitaria en Cataluña y ofreció un plan para relanzar el secesionismo, avanzando enfrentamientos con el Estado y admitiendo que es un títere de Puigdemont. Los partidos de la oposición, Ciudadanos (C’s), Partido Socialista (PSC), En Comú-Podem y Partido Popular (PP), coincidieron en atacar el frentismo de Torra, descalificando su sectarismo y sus escritos antiespañolistas. C’s y PSC le tacharon de ultranacionalista que insulta y odia a la mitad de los catalanes.

Torra no logró la investidura a la primera puesto que no alcanzó la mayoría absoluta en la votación del 12 de mayo por la abstención de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP). Sí lo consiguió 48 horas después con mayoría simple por los 66 votos a favor de JxC y Esquerra Republicana (ERC) frente los 65 en contra de C’s, PSC, los ‘comunes’ y el PP y las 4 abstenciones de los antisistema de la CUP. En su discurso, Torra prometió restituir a Puigdemont, aunque voces de JxC no descartaron elecciones en un año, aseguró que trabajará para lograr un estado independiente en forma de república y que activará un Parlament en paralelo y un Govern en rebeldía.

La líder del partido más votado en las últimas elecciones, Inés Arrimadas (C’s), apeló a la unidad de la oposición para hacer frente al independentismo mientras el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, se sumó a las llamadas a la unidad y prometió firmeza en cuanto las amenazas se convirtieran en hechos.

La elección de Torra ponía fin a siete meses sin presidente en Cataluña. Tomó posesión el día 17 sin referencias a la Constitución ni al Rey -de los que emana su nombramiento- en un acto de perfil bajo para seguir mostrando su provisionalidad y dependencia de Puigdemont, al que fue a visitar al día siguiente de su investidura y volvió a proclamar como el presidente legítimo.

Polémicos nombramientos

El sábado 19 de mayo, Joaquim Torra anunció la composición de su gobierno, al que integraba a dos exconsellers huidos de la Justicia española en Bélgica, Lluis Puig y Toni Comín, y otros dos encarcelados, Josep Rull y Jordi Turull, acusados de varios delitos relacionados con el proceso soberanista. Esto provocó las críticas de los partidos constitucionalistas que denunciaron la provocación de Torra y la demostración de su falta de voluntad para el diálogo.

La reacción del Gobierno de España, de acuerdo con los líderes nacionales del PSOE y de C’s, fue dejar en suspenso el gobierno de Torra, al no publicar los nombramientos en el Boletín Oficial, y mantener sin fecha de caducidad el artículo 155 de la Constitución por el que interviene la autonomía de Cataluña.

Todas las actuaciones del Ejecutivo central fueron consensuadas entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, a quienes recibió Rajoy por separado en el Palacio de la Moncloa. Estos dirigentes incluso no descartaron aplicar un 155 más duro, que contemple la intervención de la televisión pública catalana, el control económico de la Generalitat y de los Mossos d’Esquadra, si Torra -al que un comunicado conjunto del Gobierno y el PSOE llega a tildar de xenófobo- y el secesionismo persisten en su desafío.

 
La situación de los huidos a Bélgica y Alemania

La Fiscalía belga remitió el pasado 8 de mayo al juez del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, un escrito en el que le señalaba que en ningún caso se podrá entregar a los consellers allí huidos por el delito de desobediencia, puesto que no está recogido en la legislación belga. Llarena, por su parte, confirmó el procesamiento del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de otros 23 investigados en el proceso independentista y aclaró, posteriormente, que podría rebajar a sedición el delito de rebelión contra la cúpula soberanista o incluso a conspiración para la rebelión, ambos con penas menores, de 15 años como máximo; lo que podría permitir la extradición de los dirigentes fugados a Alemania. Aunque en su escrito, el juez resaltó la violencia llevada a cabo por los soberanistas. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, apostó por actualizar el delito de rebelión en el Código Penal y adecuarlo a la situación en Cataluña.

Sin embargo, la Justicia belga rechazó extraditar a los exconsellers fugados por un defecto de forma, a lo que el TS respondió reprochándole su falta de compromiso y colaboración y Llarena advirtió a la fiscalía alemana para que no repita el error de la de Bélgica. Y la Fiscalía del Supremo español instó al juez a enviar una nueva euroorden contra los exconsellers huidos.

[post_title] => El Gobierno central mantiene el control en Cataluña y paraliza los nombramientos de Torra [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => el-gobierno-central-mantiene-el-control-en-cataluna-y-paraliza-los-nombramientos-de-torra [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-05-22 11:44:54 [post_modified_gmt] => 2018-05-22 09:44:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://www.espanaexterior.com/?p=914005 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) ) [7] => Array ( [estilo] => 2-noticias-titular [invertir] => [noticias] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 914008 [post_author] => 5 [post_date] => 2018-05-22 11:46:51 [post_date_gmt] => 2018-05-22 09:46:51 [post_content] => La Guardia Civil y la Audiencia Nacional intervinieron numerosos bienes muebles e inmuebles a más de 50 personas condenadas por diferentes delitos de terrorismo relacionados con ETA por una deuda que superaría los ocho millones de euros. 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