20180529

El socialista Pedro Sánchez, elegido presidente del Gobierno en sustitución de Mariano Rajoy

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A través de una moción de censura apoyada por los grupos independentistas, el PNV y Unidos Podemos
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El pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 1 de junio la moción de censura del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) contra el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, por la cual le sustituye en el cargo Pedro Sánchez, secretario general del partido proponente, que obtuvo así la confianza de la Cámara y fue nombrado, posteriormente, por el Rey Felipe VI, ante quien tomó posesión del cargo el día 2 en un acto sin Biblia ni crucifijo, por primera vez en la democracia española. La moción había sido presentada una semana antes, el 25 de mayo, tras conocerse la sentencia del primer juicio relacionado con el caso Gürtel.

Sánchez se convirtió así en el séptimo presidente del Gobierno de la democracia y el primero que llega al cargo tras triunfar una moción de censura, en el cuarto intento después de la de Felipe González (PSOE) a Adolfo Suárez (UCD) en 1980, la de Antonio Hernández Mancha (AP) contra González (PSOE) en 1987 y la de Pablo Iglesias (Unidos Podemos) contra Mariano Rajoy (PP) en junio de 2017. Además, es el primero también que toma el poder sin ser parlamentario: ni diputado ni senador. Puesto que decidió dejar su escaño en el Congreso en octubre de 2016 cuando el PSOE colaboró con el PP en la investidura de Mariano Rajoy absteniéndose en la votación.

Además, su partido no ganó las elecciones y será la primera vez que el grupo parlamentario que corresponde al Gobierno no es el mayoritario en la Cámara, donde el PSOE solo cuenta con 84 escaños, la cifra más baja de su historia.

Debate y votación

En la moción de censura Pedro Sánchez logró 180 votos a favor, provenientes del PSOE (85 -incluido el del diputado coaligado de Nueva Canarias-), los 71 de Unidos Podemos (UP), 9 de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), 8 del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), 5 del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y 2 de Eh Bildu. Hubo 169 diputados que se pronunciaron en contra: los 137 del Partido Popular (PP) y los 32 de Ciudadanos (C’s) y se registró una abstención, de la diputada de Coalición Canaria (CC).

Durante el debate, el candidato evitó cualquier referencia a la convocatoria de elecciones y se comprometió a gobernar con los Presupuestos Generales del Estado promovidos por el PP, para garantizarse el apoyo del PNV, y a dialogar con el nuevo Gobierno de Cataluña, para contar con el respaldo de los partidos independentistas. El líder de UP, Pablo Iglesias, le propuso gobernar en coalición sin obtener respuesta de Sánchez; mientras que Albert Rivera (C’s) criticó que el PSOE se apoyara en los soberanistas y defendió que lo mejor era escuchar la voz de los españoles convocando elecciones.

El mayor enfrentamiento se produjo con el hasta entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a quien Sánchez y su partido pidieron repetidamente que dimitiera por la sentencia del primer juicio de Gürtel y terminara con la incertidumbre, centrando sus intervenciones en los casos de corrupción que afectan al PP.

Rajoy aseguró que la sentencia condena a militantes del PP y “no condena penalmente al PP sino civilmente como partícipe a título lucrativo por una acción que, como dice la sentencia, el PP desconocía”. Además de preguntar al candidato, a quien acusó de no tener proyecto, qué hará cuando condenen a cargos de su partido por corrupción. Igualmente, denunció la incoherencia de Sánchez por querer gobernar sin haber ganado nunca unas elecciones y por valerse de los independentistas o gobernar con los Presupuestos del PP cuando había criticado ambas opciones.

No hubo dimisión

Por último, Rajoy se negó a dimitir y antes de que se votara la moción, consciente ya de su derrota, aseguró: “ha sido un honor ser presidente del Gobierno de España y haber dejado una España mejor que la que encontré”.

El nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que es consciente de la responsabilidad que asume y del momento político “tan complejo” y que asumirá todos los desafíos que tiene el país “con voluntad, entrega y determinación”, así como desde el consenso. En declaraciones en los pasillos del Congreso, tras triunfar la moción de censura presentada por su partido, Sánchez aseguró que además de ser “plenamente consciente” de los retos que tiene por delante, pretende “transformar y modernizar” el país, como considera que siempre han hecho los gobiernos socialistas.

En segundo lugar, se centrará en atender las “urgencias sociales” de mucha gente que sufre “precariedad y desigualdad”. Todo eso, “desde el consenso y con mucha humildad”, afirmó Sánchez, quien también comprometió “mucha capacidad de trabajo” y reiteró su “entrega” en su nueva tarea como presidente porque “es lo que merece el país”.

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Las fuerzas soberanistas, especialmente Junts per Catalunya (JxC), tuvieron que renunciar a la investidura del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que se encuentra en Berlín huido de la Justicia española. Los independentistas querían aprovecharse de una reforma legislativa que ellos mismos aprobaron para que se pudiera llevar a cabo una investidura sin la presencia del candidato. Sin embargo, el Gobierno de España aprobó en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, el pasado 9 de mayo, la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la posible investidura telemática, entre otros preceptos, que éste admitió a trámite y suspendió la reforma de la Ley de Presidencia de Cataluña además de advertir al presidente del Parlament, Roger Torrent, de las consecuencias de desobecer al Tribunal.

Por ello, JxC se vio en la obligación de reconsiderar su propuesta y su líder, Carles Puigdemont, anunció que presentarían al diputado independiente, Joaquim Torra, como candidato “provisional” para que respete el mandato del referéndum soberanista del 1 de octubre y se encargue de la “gobernación interior” mientras él se haría cargo del “gobierno de fuera”. Una designación a dedo que dejaba bien a las claras que no sería más que una marioneta en manos del propio Puidemont. De hecho, Torra lo reconoció a él como el presidente legítimo.

Radical y xenófobo

El elegido se estrena en el Parlament en esta legislatura y fue presidente de Ómnium Cultural, una de las entidades independentistas más reconocidas. Tiene un perfil radical y destacó en años anteriores por sus declaraciones y artículos supremacistas, sectarios, xenófobos, antiespañolistas y ofensivos contra los hispanohablantes.

Así, se celebró el debate de investidura de este candidato, que sólo garantizó obediencia al Parlament, que aseguró que impulsará un proceso constituyente hacia la república, habló de una crisis humanitaria en Cataluña y ofreció un plan para relanzar el secesionismo, avanzando enfrentamientos con el Estado y admitiendo que es un títere de Puigdemont. Los partidos de la oposición, Ciudadanos (C’s), Partido Socialista (PSC), En Comú-Podem y Partido Popular (PP), coincidieron en atacar el frentismo de Torra, descalificando su sectarismo y sus escritos antiespañolistas. C’s y PSC le tacharon de ultranacionalista que insulta y odia a la mitad de los catalanes.

Torra no logró la investidura a la primera puesto que no alcanzó la mayoría absoluta en la votación del 12 de mayo por la abstención de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP). Sí lo consiguió 48 horas después con mayoría simple por los 66 votos a favor de JxC y Esquerra Republicana (ERC) frente los 65 en contra de C’s, PSC, los ‘comunes’ y el PP y las 4 abstenciones de los antisistema de la CUP. En su discurso, Torra prometió restituir a Puigdemont, aunque voces de JxC no descartaron elecciones en un año, aseguró que trabajará para lograr un estado independiente en forma de república y que activará un Parlament en paralelo y un Govern en rebeldía.

La líder del partido más votado en las últimas elecciones, Inés Arrimadas (C’s), apeló a la unidad de la oposición para hacer frente al independentismo mientras el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, se sumó a las llamadas a la unidad y prometió firmeza en cuanto las amenazas se convirtieran en hechos.

La elección de Torra ponía fin a siete meses sin presidente en Cataluña. Tomó posesión el día 17 sin referencias a la Constitución ni al Rey -de los que emana su nombramiento- en un acto de perfil bajo para seguir mostrando su provisionalidad y dependencia de Puigdemont, al que fue a visitar al día siguiente de su investidura y volvió a proclamar como el presidente legítimo.

Polémicos nombramientos

El sábado 19 de mayo, Joaquim Torra anunció la composición de su gobierno, al que integraba a dos exconsellers huidos de la Justicia española en Bélgica, Lluis Puig y Toni Comín, y otros dos encarcelados, Josep Rull y Jordi Turull, acusados de varios delitos relacionados con el proceso soberanista. Esto provocó las críticas de los partidos constitucionalistas que denunciaron la provocación de Torra y la demostración de su falta de voluntad para el diálogo.

La reacción del Gobierno de España, de acuerdo con los líderes nacionales del PSOE y de C’s, fue dejar en suspenso el gobierno de Torra, al no publicar los nombramientos en el Boletín Oficial, y mantener sin fecha de caducidad el artículo 155 de la Constitución por el que interviene la autonomía de Cataluña.

Todas las actuaciones del Ejecutivo central fueron consensuadas entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, a quienes recibió Rajoy por separado en el Palacio de la Moncloa. Estos dirigentes incluso no descartaron aplicar un 155 más duro, que contemple la intervención de la televisión pública catalana, el control económico de la Generalitat y de los Mossos d’Esquadra, si Torra -al que un comunicado conjunto del Gobierno y el PSOE llega a tildar de xenófobo- y el secesionismo persisten en su desafío.

 
La situación de los huidos a Bélgica y Alemania

La Fiscalía belga remitió el pasado 8 de mayo al juez del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, un escrito en el que le señalaba que en ningún caso se podrá entregar a los consellers allí huidos por el delito de desobediencia, puesto que no está recogido en la legislación belga. Llarena, por su parte, confirmó el procesamiento del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de otros 23 investigados en el proceso independentista y aclaró, posteriormente, que podría rebajar a sedición el delito de rebelión contra la cúpula soberanista o incluso a conspiración para la rebelión, ambos con penas menores, de 15 años como máximo; lo que podría permitir la extradición de los dirigentes fugados a Alemania. Aunque en su escrito, el juez resaltó la violencia llevada a cabo por los soberanistas. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, apostó por actualizar el delito de rebelión en el Código Penal y adecuarlo a la situación en Cataluña.

Sin embargo, la Justicia belga rechazó extraditar a los exconsellers fugados por un defecto de forma, a lo que el TS respondió reprochándole su falta de compromiso y colaboración y Llarena advirtió a la fiscalía alemana para que no repita el error de la de Bélgica. Y la Fiscalía del Supremo español instó al juez a enviar una nueva euroorden contra los exconsellers huidos.

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El 3 de mayo de 2018 pasará a la historia como la fecha en que ETA hizo efectiva su disolución. Sin embargo, la banda terrorista llevaba muchos años ya sin margen de maniobra gracias a la extraordinaria labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que descabezaron las sucesivas cúpulas dirigentes de la organización criminal y pusieron a disposición de los jueces a sus miembros más destacados, que cumplen penas en prisión.

El cierre de su triste historia lo realizaron dos históricos de la banda huidos de la Justicia, Josu Ternera y Soledad Iparaguirre ‘Anboto’ -acusados ambos de un total de 17 muertes, incluyendo a 5 niños-, en un comunicado leído que distribuyó ETA en el que confirmó su disolución sin pedir perdón por los múltiples y dolorosos daños causados por su actividad y sin mostrar síntoma alguno de arrepentimiento. De hecho, no hicieron mención a las víctimas de su terrorismo e incluso intentaron justificar su acción sin autocrítica ninguna.

Un día antes, la banda había hecho pública una carta en la que daba por disueltas completamente sus estructuras, también sin reconocer culpa alguna. Además de la declaración y de la carta, se sucedieron una serie de actos pseudo-propagandísticos, como el llevado a cabo en un palacete francés, próximo al País Vaco, por los supuestos ‘mediadores’ internacionales que avalaron el fin de ETA y leyeron un documento en el que asumen el discurso y el lenguaje de la banda terrorista y cargan contra los gobiernos de España y Francia preocupados sólo por los encarcelados y los huidos. 

Según fuentes oficiales, ETA llevó a cabo desde el año 1968 unos 3.600 atentados, 86 secuestros y 10.000 extorsiones por las que recaudaron más de 5 millones de euros sólo desde 1993. No hay una cifra exacta de las muertes que causó la banda terrorista, pero se estima que están en un abanico entre las 829 y las 858, aunque el Ministerio del Interior, en su último recuento, las cifra en 854. Actualmente, hay 343 etarras en prisión y la Policía y la Guardia Civil desarticularon 200 comandos de ETA.

 
Ejecutivo y partidos defienden a las víctimas

La reacción del Gobierno y de los partidos políticos fue común a la hora de señalar que la banda terrorista se ha visto forzada a su disolución y que la democracia ha derrotado a ETA sin que consiguiera ninguno de sus propósitos. Además de coincidir en su recuerdo cariñoso a las víctimas del terrorismo. Un colectivo que se revolvió contra el protagonismo de los últimos días de ETA para asegurar que no era el final que las víctimas merecían y exigiendo que no se les sometiera a otra humillación. Incluso la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) culpó al Gobierno de permitir a la banda ocultar su derrota

Por su parte, el Ejecutivo repitió, en cuantas intervenciones tuvo, que no habrá ningún tipo de impunidad para la banda y sus delitos. El presidente, Mariano Rajoy, respondió a la carta de ETA desde un cuartel de la Guardia Civil en Logroño el 3 de mayo, donde aseguró que los terroristas no recibirán nada a cambio de su disolución. Y tras el comunicado, Rajoy realizó el día 4 una declaración institucional en la que señaló que no era “un día de celebración”, sino “de recuerdo y homenaje” a las víctimas de la banda terrorista. La historia de ETA, dijo, es la “del fracaso de la violencia frente a la grandeza de la democracia”. Tras asegurar que “no hubo ni habrá impunidad” para sus crímenes, anunció la convocatoria de una reunión extraordinaria del Pacto Antiterrorista.

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Los partidos independentistas sacaron adelante en el Parlament de Cataluña un reforma de la Ley de Presidencia para permitir la investidura de un candidato que no esté presente durante el debate y votación que lo convierta en presidente de la Generalitat. Junts per Catalunya (JxC), Esquerra Republicana (ERC) y la CUP unieron sus votos aprobar una norma que tendrá poco recorrido porque el Gobierno de España anunció que la recurrirá ante un Tribunal Constitucional (TC) que paralizó días antes cualquier intento de investidura del expresidente Carles Puigdemont.

Sin embargo, JxC sigue insistiendo en la candidatura de Puigdemont y quiere forzar su investidura basándose en la nueva Ley que quedará paralizada en cuanto el TC admita a trámite el recurso del Gobierno. El plazo para elegir presidente finaliza el 22 de mayo y ERC quiere evitar una repetición de las elecciones que no parece digustar a JxC.

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El Gobierno aprobó el 27 de abril la Actualización del Programa de Estabilidad (2018-2021), que es la planificación económica, presupuestaria y fiscal que debe enviarse cada año a Bruselas. El documento estima que en ese período la economía crecerá anualmente en torno al 2,5% y se crearán 1,7 millones de empleos (alcanzando los 20 millones de ocupados en 2020), con lo que la tasa de paro caerá hasta el 10,7%. Todas las administraciones conseguirán el equilibrio presupuestario, incluida la Seguridad Social, y en 2021 se logrará el superávit público.

Además, el 3 de mayo, la Comisión Europea mejoró de forma significativa las previsiones de crecimiento de la economía española, hasta el 2,9% del Producto Interior Bruto, pronosticando una fuerte creación de empleo, un repunte de los salarios por encima de la inflación, mayor cuota de mercado y la salida en 2019 del procedimiento por déficit excesivo.

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Peña Nieto fue recibido, asimismo, por el Rey Felipe VI y visitó la sede de la nueva Casa de México en Madrid, además de asistir a la firma de un Memorando de Entendimiento entre ambos países sobre cooperación en la promoción de la Lengua común. [post_title] => Repaso con Peña Nieto de las relaciones con México [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => repaso-con-pena-nieto-de-las-relaciones-con-mexico [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-05-08 10:38:27 [post_modified_gmt] => 2018-05-08 08:38:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://www.espanaexterior.com/?p=913269 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) ) [6] => Array ( [estilo] => 3-noticias-sin-foto [invertir] => [noticias] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 913279 [post_author] => 5 [post_date] => 2018-05-08 10:44:01 [post_date_gmt] => 2018-05-08 08:44:01 [post_content] => El paro bajó en 86.683 personas en España en abril, hasta dejar la cifra en 3.335.868 desempleados, el mínimo desde 2009, y se crearon 176.373 empleos, hasta llegar a los 18,6 millones de afiliados a la Seguridad Social, situándose este registro en niveles de noviembre de 2008. 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[post_title] => Polémica por una sentencia sobre abusos sexuales [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => polemica-por-una-sentencia-sobre-abusos-sexuales [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-05-08 10:41:45 [post_modified_gmt] => 2018-05-08 08:41:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://www.espanaexterior.com/?p=913275 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) ) [7] => Array ( [estilo] => foto-texto [invertir] => [noticias] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 912529 [post_author] => 5 [post_date] => 2018-04-24 11:30:15 [post_date_gmt] => 2018-04-24 09:30:15 [post_content] =>

El 13 de abril estaba prevista la celebración en el Parlament de Cataluña de una sesión plenaria de investidura del diputado de Junts per Catalunya (JxC), Jordi Sànchez, que permanece en prisión preventiva por rebelión. Sin embargo, el juez del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, volvió a cerrar la puerta a la investidura de un candidato en prisión para evitar un mandato orientado al quebranto del orden constitucional.

Esto provocó la reacción de los partidos secesionistas y el presidente del Parlament, Roger Torrent, suspendió el pleno de investidura ante la ausencia de candidato. Es la cuarta vez que sucede en esta legislatura: el 30 de enero con Carles Puigdemont como presidenciable, el 12 de marzo en la primera tentativa de Sànchez y el día 24 de ese mismo mes cuando Jordi Turull no pudo someterse a la segunda sesión de investidura tras ser encarcelado.

Pero además, Roger Torrent anunció que el Parlament se querellará contra el magistrado del Supremo por prevaricación por impedir la investidura de los tres candidatos propuestos hasta ahora, según decidió la Mesa de la Cámara a petición del propio Torrent, con los votos de la mayoría independentista y con el criterio en contra de los letrados del Parlament.

Mientras, los independentistas avanzan de manera urgente en la reforma de la Ley de Presidencia de la Generalitat para que contemple la elección a distancia de un candidato, con lo que podría aprobarse en semanas y entrar en vigor antes de que el 22 de mayo expire el plazo para investir a un aspirante. También con la negativa de los letrados de la Cámara, que advirtieron a Torrent de que sería inconstitucional usar esa reforma legal para sortear el veto del Alto Tribunal.

Por otro lado, un grupo de fiscales españoles entregaron a homólogos alemanes pruebas de la violencia registrada en relación con la consulta secesionista ilegal del 1 de octubre de 2017. Además, el Tribunal Supremo respaldó la imputación de Llarena por rebelión, acusó al tribunal alemán que liberó al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, de falta de rigor y señaló que la violencia del 1-O fue del Gobierno catalán, no de una muchedumbre.

Mientras tanto, Llarena citó a los exconsellers Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa, a los líderes de las entidades soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y a la expresidenta del Parlament, Carme Rovira, para comunicarles su procesamiento por los delitos de rebelión y malversación de fondos. Y la Audiencia Nacional, al exjefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, por sedición y organización criminal.

Finalmente, el exconseller Antoni Comín, que se encuentra huido de la Justicia en Bélgica, ha solicitado a la Mesa del Parlament que le permita delegar su voto, lo que facilitaría una investidura. Si se acepta, como ya ocurrió en el caso del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, JxCat y ERC ya tendrán suficientes votos para investir a un nuevo president sin necesitar el apoyo de la CUP.

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La banda terrorista ETA dio a conocer el pasado 20 de abril un comunicado en el que asumía su responsabilidad por el “sufrimiento desmedido” que ha generado en sus más de cincuenta años de actividad terrorista. Sin embargo, a la hora de pedir perdón sólo citaron a aquellas víctimas que “no tenían una participación directa en el conflicto”, lo que provocó la crítica de los representantes políticos y de las asociaciones de víctimas del terrorismo.

ETA reconoce en su declaración “el daño que ha causado en el transcurso de su trayectoria armada” y muestra “su compromiso con la superación definitiva de las consecuencias del conflicto y con la no repetición”. “Somos conscientes”, afirma en su escrito, “de que en este largo periodo de lucha armada hemos provocado mucho dolor, incluidos muchos daños que no tienen solución. Queremos mostrar respeto a los muertos, los heridos y las víctimas que han causado las acciones de ETA, en la medida que han resultado damnificados por el conflicto. Lo sentimos de veras”.

En su comunicado iguala el sufrimiento generado por su actividad con el de la respuesta de las fuerzas de seguridad y las acciones contra la banda: “Reconozcamos todos la responsabilidad contraída y el daño causado. Pese a no tener ni el mismo punto de vista ni los mismos sentimientos, todos deberíamos reconocer, con respeto, el sufrimiento padecido por los demás”.

La Fundación Víctimas del Terrorismo dijo que la palabra perdón está vacía de contenido si no reconocen de manera unilateral el daño cometido y siguen hablando de conflicto y de víctimas de dos bandos y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo rechazó que la organización terrorista “divida a las víctimas entre culpables e inocentes” y exigió que ahora contribuya al “esclarecimiento de los crímenes sin resolver y la ubicación de las víctimas desaparecidas”.

El Gobierno de España advirtió que “jamás” habrá contrapartidas para la banda por poner fin a su actividad y atribuyó el mérito de su “derrota” a todos los españoles y “al esfuerzo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y al imperio de la ley”.

El Ministerio del Interior cifra en 7.265 personas, entre muertos y heridos, el total de esas víctimas. Según ese recuento oficial, la organización deja tras de sí 864 asesinados, casi un 40 por ciento de ellos civiles.

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elevado su previsión de mejora de la economía española para 2018, que sitúa en el 2,8%, cuatro décimas más sobre el pronóstico realizado en enero. 

No obstante, el avance previsto por el FMI para este año está aún por debajo del de 2017, cuando se situó en el 3,1%. Para 2019, el organismo internacional también ha incrementado sus previsiones, con un crecimiento de la riqueza española del 2,2%, frente al 2% que estimó a principios de año. Con el avance previsto para 2018, España volverá a ser el país que más crezca de la Unión Europea y el segundo dentro de las economías avanzadas, sólo superada por Estados Unidos.

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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, expresó el 14 de abril en un comunicado la posición del Ejecutivo en torno a la acción llevada a cabo por Estados Unidos, Francia y Reino Unido contra objetivos sirios.

Rajoy considera que se trata de “una respuesta legítima y proporcionada a los brutales ataques perpetrados por el régimen sirio contra la población civil” porque lo que ocurrió durante los días anteriores en Siria “supera con mucho las constantes violaciones del alto el fuego”. En este sentido, el jefe del Ejecutivo recordó que “el ataque con armas químicas es un crimen contra la humanidad”.

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