Castilla y León está preparada y coordinada para acoger a las personas que sea preciso procedentes del barco ‘Aquarius’. En la actualidad, la Comunidad acoge a 1.400 refugiados a través de la gestión de entidades especializadas como Cruz Roja y Accem, que disponen en estos momentos de unas 50 plazas libres destinadas a refugiados dentro de su acuerdo de colaboración con el Gobierno de España. La Junta, por su parte, ha ofrecido al Gobierno diez plazas para atención a menores no acompañados.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, presidió el 14 de junio la reunión de la Mesa de Seguimiento Permanente de Acogida al Refugiado en Castilla y León, creada en septiembre de 2015 a raíz de la crisis humanitaria derivada de la huida de miles de personas de la guerra en Siria, para dar estabilidad al proceso y conseguir la integración social de los que vengan a la Comunidad.
Esta Mesa está formada por la Junta -a través de las consejerías de Presidencia, Empleo, Fomento y Medio Ambiente, Sanidad, Familia e Igualdad de Oportunidades y Educación- y por Cruz Roja, Accem, Cáritas y la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León.
Alicia García señaló que, desde su puesta en marcha en 2015, se ha mejorado el sistema de atención a los inmigrantes y refugiados que llegan a Castilla y León. En 2016 había en la Comunidad 141 plazas para la acogida de refugiados de Accem y Cruz Roja dentro del acuerdo de colaboración que mantienen con el Gobierno de España y, en la actualidad, cuentan con 525 plazas de primera acogida y acogida temporal dentro de este acuerdo, 384 más. Esto significa que en solo dos años se ha cuadruplicado esta capacidad de atención.
Ante la situación derivada del acogimiento en España de las personas embarcadas en el barco ‘Aquarius’, la Junta de Castilla y León ofreció de nuevo al Gobierno de la Nación su colaboración para acoger a parte de estas personas. En este sentido, el día 12 remitió una carta a la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, para ofrecer Castilla y León como tierra de acogida, de solidaridad y abierta a los refugiados, y para acoger, muy especialmente, a menores no acompañados que iban en esa embarcación, y el 14 se convocó la Mesa de seguimiento permanente de atención al refugiado para analizar con qué recursos cuenta la Comunidad y a cuántos emigrantes se puede recibir.
La consejera explicó que la primera de las conclusiones más importantes a las que se llegó en la reunión es que, aunque aún es pronto para saber a cuantos refugiados será necesario acoger, Castilla y León está preparada para ello y cuenta con más recursos que en 2015, cuando se constituyó esta Mesa de seguimiento y con mayor capacidad de atención. En este sentido, la coordinación entre las administraciones y las entidades especializadas está funcionando correctamente y las dificultades que surgen son solventadas de manera ágil. Las personas que están viniendo a Castilla y León necesitan de una atención especial y, por ello, cuentan con una serie de recursos que implican la coordinación de diferentes departamentos, como sanidad, servicios sociales de la comunidad autónoma y de las corporaciones locales, educación o empleo, y todos ellos están dando ya una respuesta satisfactoria.
En segundo lugar, es destacable que la sociedad castellana y leonesa está respondiendo de manera muy favorable a las necesidades de integración de estas personas. En este momento, en Castilla y León están atendidos en todas las provincias unos 1.400 refugiados en distintos momentos de atención (primera acogida, acogida temporal, integración, autonomía y seguimiento) por parte de las entidades que forman parte de la Mesa de seguimiento.
En relación a las personas del barco ‘Aquarius’, el Gobierno informó de que el dispositivo de acogida de emergencia para su llegada iba a ser gestionado por Cruz Roja Española en el marco del Programa financiado por esa Secretaría de Estado.
En Castilla y León, las entidades Accem y Cruz roja disponen de unas 50 plazas libres destinadas a refugiados, dentro del acuerdo de colaboración que mantienen con el Gobierno de España. La Junta, por su parte, ofreció al Gobierno diez plazas para atención a menores no acompañados. No obstante, los dispositivos podrían ampliarse si fuese necesario y así se acordase en ese marco de colaboración. Por otra parte, las corporaciones locales también están poniendo los recursos de que disponen a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León.
Por último, en este momento no es necesario hacer un llamamiento a la población para que aporten recursos, sin perjuicio de que quien lo desee pueda ofrecerlos directamente a las entidades del tercer sector que gestionan este programa de acogida. En todo caso, si más adelante fuese necesario, se le haría saber a la población a través de los medios de comunicación y se especificaría qué tipo de recurso en concreto se necesita. Desde la Mesa de seguimiento lo que sí han querido hacer es un llamamiento a la sociedad de Castilla y León para que siga mostrando su capacidad de acogida y solidaridad en la vida cotidiana para estas personas que están sufriendo un drama en sus vidas.
